El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, informó que todas las empresas de transporte público formal que operan en la capital podrán acceder, sin restricciones, al
aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto del alza de los combustibles y garantizar la continuidad del servicio para millones de usuarios.
En declaraciones a la Agencia Andina, el funcionario precisó que el acceso a esta compensación económica no estará condicionado a la existencia de papeletas o infracciones administrativas, debido a que se trata de una medida de emergencia destinada a sostener la operación del transporte público.
“Las 349 empresas de transporte público que cuentan con su tarjeta de circulación pueden acceder al subsidio. No está condicionada por papeletas o infracciones. No es momento de supeditar a nuestros operadores porque esta compensación es una medida de emergencia”, afirmó.
Hernández explicó que el subsidio no constituye una transferencia directa a las empresas, sino un mecanismo orientado a respaldar la prestación del servicio. Para ello, el apoyo económico se calculará en función de los kilómetros efectivamente recorridos por las unidades.
“Este subsidio va a respaldar el servicio. Por lo tanto, se cubre por kilómetro recorrido y, para poder acreditar ese recorrido, los operadores tienen que transmitir la señal GPS establecida en el reglamento de transporte”, señaló.
Añadió que este requisito contribuirá a fortalecer la formalización del sector y permitirá una mejor supervisión de las rutas y frecuencias. “Nuestros operadores también están dando un paso hacia la formalidad y un trabajo ordenado. Eso permite que el ciudadano pueda estar atendido adecuadamente y que exista una cobertura adecuada dentro de la ciudad”.
Medida temporal
El titular de la ATU remarcó que la compensación económica tiene carácter excepcional y no está diseñada para convertirse en un subsidio permanente.
En ese sentido, destacó que el Estado viene impulsando mecanismos de largo plazo para reducir los costos operativos de las empresas de transporte, entre ellos los programas de conversión vehicular hacia combustibles más económicos y menos contaminantes.
Incentivos para renovación de flota
Hernández también resaltó los beneficios que reciben las empresas que optan por migrar sus unidades de diésel a gas natural vehicular (GNV).
“El Estado viene trabajando estos bonos que permiten la conversión de los motores diésel a GNV. Con el GNV, los costos de operación son mucho más convenientes”, manifestó.
Asimismo, explicó que las empresas que incorporen nuevas unidades a gas natural podrán acceder a mayores años de autorización para operar. Y los incentivos serán mayores para quienes apuesten por la electromovilidad.
“Si los operadores adquieren vehículos eléctricos, estaríamos hablando de 14 años más sobre los cinco que ya tienen. Es decir, 19 años de plazo de autorización para la prestación del servicio de transporte público”, precisó.
Cámaras de seguridad
De otro lado, el presidente ejecutivo de la ATU informó que continúa la implementación de cámaras de seguridad en las unidades del Metropolitano y los Corredores, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Ministerio del Interior.
Añadió que la ATU realiza labores de seguimiento, control y fiscalización para verificar el cumplimiento de estas disposiciones por parte de los operadores. Sin embargo, precisó que actualmente no existe una fecha límite establecida para culminar la instalación total de estos equipos.