En los últimos 10 años, el contrabando ha generado pérdidas económicas por más de 5,000 millones de dólares al Perú, mostrando una tendencia creciente debido a nuevas modalidades aplicadas por bandas criminales.
Solo en el 2019, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), estimó que se perdieron 601 millones de dólares por esta actividad que afecta a pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas a la exportación e importación, afirmó la gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Silvia Hooker.
La representante gremial, quien participó en el VI Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), explicó que ha venido aumentando no solo el contrabando abierto, que es la entrada al país de productos que evaden todos los controles, sino el llamado contrabando técnico, en el que los productos ingresan por puntos controlados por el Estado, pero luego se comercializan de forma ilegal.
“En el contrabando técnico encontramos violación de derechos de propiedad intelectual, subvaluación, subfacturación, falsificación, adulteración y defraudación aduanera y de impuestos en general, generando en el mercado una competencia desleal de estos productos con otros que sí cumplen los estándares laborales, ambientales, sanitarios y tributarios, y por todo esto tienen un costo mayor”, aseveró.
Asimismo, Hooker detalló que esta actividad origina una menor recaudación de impuestos por el fisco y afecta de manera transversal a la industria en sectores como el textil, confecciones, calzado, plásticos, cerámicos, metalmecánico, farmacéutico, tabaco, bebidas y alimentos.
Ante esta situación, la ALAC trabaja en las siguientes recomendaciones:
1. La información debe ser pública. Las declaraciones de importaciones y exportaciones deben estar a disposición de todos, ser de fácil acceso para cualquier persona, de modo que desde el sector privado se puedan identificar comportamientos irregulares y ser denunciados ante la autoridad.
2. Disponer de cifras de contrabando técnico. Se debe construir, actualizar y dar a conocer cifras de este problema por país y por sector para identificar valores de pérdida de recaudación fiscal y visibilizar su fuerte impacto negativo. Es importante cuantificar el daño que el contrabando técnico hace a toda la economía: al mercado, al fisco, a la industria nacional que genera empleos formales y a los importadores que respetan las leyes.
3. Identificar organizaciones criminales. Los esfuerzos deben estar enfocados en operativos y análisis que apunten a las grandes mafias y no a establecimientos menores. De muy poco sirve perseguir a los pequeños vendedores de productos ilícitos, si no se tiene claridad de quiénes están atrás de ellos. Incluso se debería trabajar con las policías fiscales de manera transfronteriza para poder identificar a esas grandes mafias que nutren a los mercados de productos ilegales. Cuando caen las cabezas se tiene un impacto real ante el comercio ilícito.
4. Control posterior. Es necesario fortalecer el intercambio de información con aduanas de otros países y otras entidades del Estado relacionadas al comercio exterior. Deben trabajar de la mano y construir una base de datos común para hacer seguimiento en el mercado.
5. Control regional. Establecer mecanismos de control para la lucha contra el contrabando técnico en zonas especiales de América Latina.
Hooker recalcó la importancia de un trabajo integrado que persiga a las organizaciones criminales que tanto daño hace a los países de la región.
“Este año en el Perú tuvimos un gran caso, que ha marcado un antes y un después en este tema. Es el caso llamado ‘La Victoria’, en el que con mucha paciencia, trabajo coordinado de aduanas, la fiscalía y la policía fiscal, se logró identificar y detener a los cabecillas de una mafia que ingresaba al país ropa subvaluada por millones de dólares. Ya hay 20 personas presas y en proceso penal”, manifestó.
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