La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Segundo Equipo) logró la detención preliminar judicial de varios investigados por su presunta participación en una organización criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).
Como parte de la medida, se dispuso el allanamiento de 13 inmuebles ubicados en Lima, Cusco y Ucayali, además de la incautación de dos vehículos, diligencias ejecutadas en el marco de la investigación que busca determinar el nivel de participación de cada uno de los intervenidos.
Según las pesquisas fiscales, el presunto líder de la organización criminal estaría ubicado en la zona de Jicamarca, desde donde habría dirigido el cobro de cupos a empresas de transporte bajo el argumento de brindarles “seguridad”.
La investigación señala que esta presunta red criminal habría iniciado sus operaciones en 2024 y tendría como una de sus principales actividades la exigencia de pagos a empresas de transporte a cambio de evitar supuestas acciones contra sus unidades o trabajadores.
Atentado a empresas de transporte
De acuerdo con el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, la diligencia se desarrolló en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), como resultado de una investigación iniciada en marzo de este año contra la presunta organización criminal denominada “Los injertos del tren”. Esta red habría extorsionado a la empresa de transporte Santa Catalina y a otras compañías cuyos nombres se mantienen en reserva por razones de seguridad.
El fiscal explicó que el modus operandi de los presuntos integrantes de esta organización consistía, inicialmente, en perpetrar un atentado contra una empresa de transporte y, posteriormente, presentarse ante sus representantes para ofrecerles seguridad a cambio de un pago. De esta manera, el líder de la presunta red se presentaba como garante de que no les ocurriría ninguna contingencia. Sin embargo, si las víctimas dejaban de pagar, los propios integrantes de la organización serían quienes atentarían contra la empresa.
Chávez Cotrina exhortó a las víctimas de extorsión a tener la valentía y seguridad de acudir a las fiscalías especializadas contra el crimen organizado para presentar sus denuncias. “Nosotros tenemos disposición de nuestro fiscal de la Nación de otorgarles un código de reserva, a fin de que no sean identificados y tampoco sea identificado el domicilio de estas personas”, afirmó.
Las diligencias forman parte de las acciones del Ministerio Público para desarticular organizaciones dedicadas a la extorsión y determinar la responsabilidad penal de los investigados.
Publicado: 11/9/2026