San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima Metropolitana, con más de un millón de habitantes cuenta con solo 1,000 policías, incluidos los efectivos Terna que llegaron al lugar en noviembre último, informó su alcalde Juan Navarro Jiménez.
El delito más frecuente en esa jurisdicción, a decir de Navarro Jiménez, es el tráfico de terrenos, pero también hay un alto índice de delitos menores, robos al paso, raqueteo y otros.
Sostuvo que pese a que Arequipa tiene casi la misma cantidad de habitantes que San Juan de Lurigancho, esa ciudad tiene 5,000 efectivos policiales.
Por esa razón, Navarro Jiménez y el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, trabajan coordinadamente para aumentar el número de policías que luchen contra la criminalidad en el distrito.
En San Juan de Lurigancho se aplicará, con 2,000 policías, el mismo plan operativo desarrollado hace poco en el Callao durante varias semanas y que ayudó a reducir la incidencia delictiva en el primer puerto, luego de lo cual un importante número de efectivos se quedará permanentemente en la jurisdicción.
El alcalde saludó la disposición del titular del Interior de atender prioritariamente a los distritos con mayores necesidades de seguridad, como lo es su distrito que tiene la mayor cantidad de internos en los penales del país después del Callao.
"Solo del sector de Huáscar hay 400 internos en diversos penales del país", señaló Navarro a la agencia Andina.
El burgomaestre de las filas de Alianza por el Progreso reveló que el tráfico de terrenos mueve mucho dinero en el distrito y que los traficantes se valen de documentos falsos, firmas adulteradas y abogados cómplices para apropiarse de grandes predios que luego lotizan y venden a 5,000 soles, logrando grandes ganancias.
"Luego la gente que compró lotes a los traficantes, se instala en esos terrenos como posesionarios y la autoridad tiene que proporcionarle atención y servicios", anotó.
Por toda esa situación, el burgomaestre informó que ha pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros la intervención de la Superintendencia de Bienes Nacionales para afrontar el problema.
Agregó que además del tráfico de terreno, los delincuentes se dedican a apropiarse de las casas de los vecinos valiéndose de argucias. Según señaló, hay diversas denuncias de propietarios cuyas casas han sido inscritas por estos inescrupulosos en Registros Públicos y luego vendidas a terceros.
"Todas estas razones hacen imprescindible que intervenga el gobierno central a través de la Superintendencia", remarcó la autoridad edil.
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