La coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF), Susana Castañeda Otsu, precisó que un total de 707 personas son procesadas actualmente por delitos de corrupción en el marco de la criminalidad organizada.
Esta cifra incluye a cómplices, quienes, según el Ministerio Público, no necesariamente son funcionarios, como empresarios y abogados particulares.
Dieciocho expedientes sobre estos casos están en etapa de investigación preparatoria, tres en fase intermedia, tres en juicio oral y dos en apelación de sentencia.
El
Poder Judicial precisó que en el ámbito de las investigaciones preliminares, es decir, aquellas no formalizadas por el Ministerio Público, el
SEDCF ha resuelto requerimientos de medidas cautelares en sesenta casos.
Entre estos fueron atendidos pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, de las comunicaciones, así como allanamiento, incautación y detención preliminar, entre otros.
Así, las medidas de allanamiento de inmuebles e impedimento de salida del país del expresidente
Pedro Pablo Kuczynski, fueron dispuestas por un juez de este sistema contra la corrupción.
Los jueces del SEDCF son competentes también en los casos Odebrecht, Club de la Construcción, los aportes recibidos por la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, de la citada empresa brasileña, entre otros.
El último expediente ingresado al sistema anticorrupción es el de
“Los Cuellos Blancos del Puerto”, que involucra a 13 integrantes, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y otros en agravio del Estado.
En este caso, el Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones está en la fase de deliberación para emitir su decisión esta semana, tras la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 36 meses impuesta a los investigados.
“Atendiendo al estado crítico por los hechos de corrupción detectados en el sistema de justicia, creemos que es necesario pronunciarse en un plazo razonable”, señaló
Castañeda Otsu, también presidenta del colegiado.
Recordó, sin embargo, que el caso es complejo, pues la apelación tiene más de 5,000 folios (los agravios fueron planteados por doce de trece investigados), lo que demandó la realización de tres sesiones.
El colegiado –que también integran los jueces Juan Guillermo Piscoya y Oscar Burga Zamora– escuchó los alegatos de los abogados contra la prisión preventiva emitida el 18 de agosto por el titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo Zavaleta.
(FIN) NDP/CCR
JRA
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Publicado: 3/9/2018