El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto evalúa el pedido de prisión preventiva por nueve meses contra diez personas investigadas por el presunto homicidio de un joven al interior del centro de rehabilitación “Jesús Sí Cambia”, ubicado en la localidad de Tres de Octubre, en la provincia y región San Martín.
El
requerimiento fiscal alcanza a Cidlia Rojas Vela, directora del centro de rehabilitación, así como a otros nueve trabajadores y responsables del lugar, quienes habrían estado a cargo de la custodia y control de los internos. Según la investigación del Ministerio Público, el joven habría sido sometido a reiteradas y violentas agresiones físicas dentro de las instalaciones del centro, las cuales finalmente le habrían provocado la muerte por estrangulamiento.
Entre los investigados como presuntos coautores figuran Harold Macedo Shapiama, quien se desempeñaba como asistente de casa; Roberto Miguel Barrientos Macahuachi, coordinador terapéutico de disciplina; Segundo Daniel Quinteros Chasnamote, coordinador terapéutico auxiliar; así como Wandalley Steben Quinde Rojas, Marck Anthony Guerra Rodríguez, Luigi Júnior De La Cruz Lazo y Luis Alexander Becerra Cieza, quienes cumplían funciones como coordinadores.
También se encuentra implicado Carlos Daniel Fernández Díaz, en calidad de precoordinador, y Percy Cardozo Linares, integrante del grupo denominado “reestructura”. Además, la Fiscalía investiga la participación de dos menores de edad en calidad de presuntos infractores, quienes habrían intervenido durante la agresión.
De acuerdo con los testimonios recabados durante la investigación preliminar, la madrugada del 25 de febrero, entre aproximadamente la 1:00 y las 5:00 de la mañana, la víctima habría sido sometida a una violenta agresión grupal dentro del centro. Un testigo protegido relató que varios de los responsables lo golpearon reiteradamente con rodillazos en las costillas, puñetazos en el rostro y pisotones en el cuello, pese a que el joven ya presentaba visibles lesiones en los ojos y otras partes del cuerpo.
El mismo testimonio señala que, con el objetivo de silenciarlo mientras gritaba por ayuda, los agresores le introdujeron primero un bividí en la boca y luego un calzoncillo, los cuales habrían sido asegurados con una sábana para evitar que pudiera respirar o pedir auxilio. En medio de la agresión, uno de los implicados le habría presionado los testículos para obligarlo a abrir la boca mientras otros lo sujetaban.
La situación se habría agravado cuando, por orden de uno de los coordinadores, el joven fue amarrado de pies y manos hacia atrás utilizando sábanas, quedando en una posición conocida dentro del centro como “juane”, una postura forzada que deja el cuerpo encorvado y limita severamente el movimiento. Además, otra sábana fue colocada alrededor de su cuello para mantener su cabeza levantada, lo que habría incrementado la presión en esa zona.
A pesar de encontrarse completamente inmovilizado y en evidente estado de sufrimiento, los agresores habrían continuado golpeándolo y pisoteándolo en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza y el torso. Según el testimonio, la víctima incluso llegó a orinarse y defecar producto del intenso dolor y la violencia ejercida contra él, sin que ello detuviera las agresiones.
Horas más tarde, aproximadamente a las 6:00 de la mañana, uno de los internos se percató de que el joven ya no respondía y presentaba los labios morados, por lo que alertó a los encargados del centro. Tras revisar su estado, se habría confirmado que la víctima ya no presentaba signos vitales.
El testigo también indicó que, tras constatarse el fallecimiento, la directora del centro, Cidlia Rojas Vela, junto con su hija, habría ordenado limpiar la escena utilizando agua y lejía con el propósito de eliminar los rastros de sangre y excremento que habían quedado en el lugar producto de la agresión. Asimismo, presuntamente se dispuso cambiar el cuerpo de posición para aparentar que el joven no había muerto en el suelo donde se produjeron los hechos.
Estas acciones habrían sido realizadas antes de la llegada de las autoridades policiales, lo que para la Fiscalía constituiría un intento de alterar la escena del crimen y dificultar las investigaciones.
Mientras tanto, la audiencia de prisión preventiva se desarrolla de manera virtual y continúa siendo evaluada por el juzgado correspondiente. Durante el proceso, los familiares de Jhon Willer Grandez Aguilar han reiterado su pedido de justicia y han exigido que se sancione con el máximo rigor de la ley a todos los responsables de la muerte del joven, un caso que ha vuelto a poner en debate la supervisión y funcionamiento de algunos centros de rehabilitación informales en la región.