La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial (PJ), expresó su total respaldo al pronunciamiento emitido por la presidenta de este poder del Estado, Janet Tello Gilardi, en defensa de la independencia de los jueces y juezas que integran la institución.
En ese contexto, rechazó de manera enfática "los intentos reiterados de afectar la independencia de los jueces y juezas mediante amenazas y agresiones, por el solo hecho de cumplir con sus funciones jurisdiccionales y respetar la preeminencia de la Constitución, los Convenios Internacionales de Protección y Defensa de los Derechos Humanos".
El pronunciamiento institucional señala que nuestro país ha suscrito y debe observar estos instrumentos internacionales, así como la consolidada jurisprudencia que sobre esta materia ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La independencia judicial es un pilar inseparable de la auténtica vida democrática de los países, por lo que resulta imperativo que todas las instituciones del Estado se comprometan con su protección y su defensa”, señala el documento.
Añade que, basada en este compromiso, la Sala Plena de la Corte Suprema (en su Décima Sesión Extraordinaria 2025) solicitó a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia) una opinión sobre la situación de la independencia judicial en nuestro país.
Informe de Comisión de Venecia
El comunicado explica que, en marzo de este año, la referida Comisión emitió el informe titulado "Opinión sobre un conjunto de reformas constitucionales y legislativas relativas al Poder Judicial".
En aquel documento se formularon importantes consideraciones alineadas a estándares internacionales sobre la independencia judicial, el control difuso en sede judicial, la reforma judicial, entre otros temas.
“Se advirtió que la multiplicación de ‘casos de críticas públicas, desinformación y retórica deslegitimadora contra el Poder Judicial y jueces concretos’, constituye una ‘señal de alarma preocupante’ en el Perú”, recuerda el pronunciamiento.
Añade, que la Comisión sostuvo que, cuando estos ataques "son perpetrados por actores políticos o amplificados por la desinformación", pueden ser utilizados "para socavar la confianza y el apoyo del público en los tribunales y las instituciones independientes"
(FIN) NDP/HTC/FHG
JRA
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