Rutas de Lima considera que sentencia del TC es arbitraria y vulnera sus derechos

En comunicado afirma que es objeto de una campaña de hostilización por parte de la Municipalidad de Lima.

Rutas de Lima precisa que la propia Municipalidad de Lima, y otras cortes peruanas, en decenas de fallos han identificado la existencia de rutas alternas. ANDINA/Eddy Ramos

00:39 | Lima, mar. 9.

Rutas de Lima SAC manifestó su rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que suspende el cobro del peaje ubicado en Puente Piedra, porque es arbitrario y vulnera sus derechos.

Mediante un comunicado informó que ha tomado conocimiento de la sentencia N°84/2024 emitida por el pleno del TC, recaída en un proceso de Habeas Corpus iniciado contra Rutas de Lima SAC. y la Municipalidad de Metropolitana de Lima (MML).

“La referida sentencia es arbitraria y vulnera manifiestamente los derechos de Rutas de Lima SAC, bajo el contrato de concesión, la Constitución del Perú, las leyes y los tratados internacionales”, escribe en el documento.

Agrega que, lo resuelto por el TC también sienta un precedente jurídico nefasto para todos los inversionistas y titulares de concesiones que han apostado por invertir sus recursos en el Perú, porque genera un clima de inseguridad jurídica.

Refiere que, la propia Municipalidad de Lima, y otras cortes peruanas, en decenas de fallos ha identificado la existencia de rutas alternas, y se ha acreditado que el contrato de concesión no prohíbe la implementación de nuevas vías alternas, incluyendo el proyecto identificado por la propia Municipalidad en su comunicación de marzo del 2023.

“El TC no ha tenido en consideración tales cuestiones y ha elaborado interpretaciones y teorías que exceden aquello que, según las regulaciones vigentes, puede ser discutido en un proceso de Habeas Corpus”, precisa.

También señala que, esta resolución se da en un contexto en el que Rutas de Lima SAC viene siendo objeto de una campaña de hostilización sistemática por parte de la Municipalidad de Lima, la Defensoría del Pueblo y otras entidades y actores políticos.

“En particular, el alcalde Rafael López Aliaga, conduce una campaña que afecta nuestras operaciones y que ha buscado politizar una discusión que es eminentemente legal”, señala.

Finalmente, afirma que Rutas de Lima y sus accionistas se reservan el derecho de implementar las acciones legales a nivel local e internacional para defender sus derechos frente a esta arbitraria decisión.

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