El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, negó que el Parlamento haya aprobado leyes que favorezcan a la delincuencia y el crimen organizado y aseguró que existe una campaña contra el Legislativo que responde a intereses políticos.
“En los últimos tiempos, por razones políticas, se ha venido diciendo que muchas de las leyes que da el Congreso de la República son leyes que favorecen a la delincuencia, al crimen organizado. Eso por supuesto es falso, pero hay una campaña que, como digo, responde a intereses políticos”, enfatizó.
Sostuvo que el Congreso está integrado por 130 parlamentarios y 12 grupos políticos y lo que allí se aprueba no siempre es lo que se quisiera que se convierta en ley.
“No obstante, en el último tiempo se han aprobado muchas leyes dedicadas a combatir el crimen, a combatir a la delincuencia y a proteger a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional”, indicó Rospigliosi.
Mencionó, por ejemplo, que se aprobó leyes para que policías y militares hagan uso de sus armas de fuego de acuerdo con la Constitución y la ley, sin que haya prisión preventiva cuando enfrentan a un delincuente, y leyes como la de esa humanidad, declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, que arregla una situación mediante la cual se venía persiguiendo a militares y policías por hechos ocurridos hace 30, 35 o 40 años.
Rospigliosi Capurro formuló estas apreciaciones durante su participación en la conferencia “Firmeza y seguridad: mitos y verdades sobre leyes contra el crimen”, en el marco del programa de Martes Democrático, celebrada en el Auditorio Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República.
En el acto participaron la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz; los especialistas en derecho penal, César Nakazaki y Humberto Abanto, quienes explicaron la naturaleza de las leyes dictadas en los últimos tiempos.
Delia Muñoz dijo que “no he encontrado que el Estado peruano haya hecho un frente de defensa de lo que significa el debido proceso para él”. También consideró que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) “hay una distorsión muy grande en el proceso de ejecución de sentencias porque se van creando estándares que dicta la propia Corte y los Estados no tienen una posición muy fuerte de defensa de lo que son las categorías procesales”.
César Nakazaki expresó que las ideológicamente llamadas leyes pro crimen no lo son. “Son leyes que han solucionado bien problemas de la justicia penal”. Explicó que, en el proceso penal peruano, la medida cautelar más importante por uso, no por intensidad, es la comparecencia con restricciones.
“La prisión es una excepción, debe ser una excepción, por tanto, la medida cautelar llamada a satisfacer la regla general sería la comparecencia simple y las restricciones, comparecencia con restricciones. El Código Procesal Penal de 1991, señalaba que las medidas de restricción de la comparecencia tenían plazo. Y el Código del 2004, por razones que no puedo explicar, eliminó el plazo. ¿Era indispensable volver a reponer, no inventarse, sino volver a reponer que las medidas de restricción tienen plazo? Por supuesto que sí. Y por tanto ese aporte del legislador es perfecto”, remarcó.
Por su parte, Humberto Abanto, sostuvo que, cuando nos alejamos del concepto de estado de derecho y de dignidad humana, comienzan los peligros. “La pena ya no era un castigo, era un instrumento para resocializar a la persona. Antes del pensamiento ilustrado, la búsqueda de la verdad no tenía límites y esta podía alcanzar a atrapar a alguien y lo atormentarlo”.
“Hemos tenido gente perseguida por organización criminal. Sabía de organizaciones criminales que se juntan y generan su programa para secuestrar personas, extorsionar, para traficar con drogas, traficar con seres humanos, oro ilegal, con la tala ilegal. Nunca se ha usado tanto el tipo de organización criminal y, sin embargo, ¿de qué padecemos, señores? Padecemos el ataque del crimen organizado. Qué extraño, ¿no?”, dijo.
(FIN) NDP/FHG
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Publicado: 11/12/2025