Mujeres quechuas, aimaras y uros de la región de Puno socializaron el documento “Hacia un Nuevo Pacto Social”, una propuesta para construir un país con inclusión real, interculturalidad y libre de violencias. El texto, elaborado desde las bases de los pueblos originarios, busca transformar las estructuras sociales para garantizar derechos colectivos.
El foro se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno, donde autoridades, funcionarios públicos y lideresas dialogaron sobre las demandas. El documento recoge aportes colectivos para impulsar cambios profundos en la sociedad peruana.
Entre las principales propuestas destacan la participación activa de los pueblos originarios en la toma de decisiones y el respeto a la paridad y alternancia política. También se exige la protección de la Pachamama y una justicia que evite la revictimización de mujeres afectadas por la violencia.
Las lideresas explicaron que la iniciativa surge de sus experiencias, saberes ancestrales y la necesidad de un Estado que refleje la diversidad cultural. El texto incluye principios como el Sumaq Kawsay – Suma Qamaña (Buen Vivir), la complementariedad, la reciprocidad y el respeto a la identidad indígena.
El evento contó con la presencia de Rocío Gutiérrez Rodríguez, directora del Movimiento Manuela Ramos, quien respaldó las demandas. Lisbeth Guillén Chávez, coordinadora nacional del Programa Poder y Políticas, también participó en el diálogo para fortalecer las propuestas.
Jesús Gamallo Aller, director de Cooperación de la Xunta de Galicia, asistió como observador internacional. Su presencia destacó el interés global por las iniciativas de los pueblos originarios en la búsqueda de justicia social.
El documento plantea un modelo de sociedad donde la interculturalidad y el respeto a los derechos colectivos sean pilares fundamentales. Las mujeres originarias insisten en que el Estado debe actuar para hacer realidad estas demandas.
El texto consta de 31 páginas incluye propuestas como el reconocimiento de la Pachamama como sujeto de derecho y la aprobación de una ley que valide símbolos ancestrales, como la wiphala.
El Congreso de la República recibió el llamado a garantizar la paridad y alternancia en los procesos electorales. Además, se solicitó el cumplimiento del derecho a la consulta previa y la creación de normas que protejan los valores culturales de los pueblos originarios.
A las autoridades del Poder Ejecutivo las mujeres pidieron programas con financiamiento para proteger la Pachamama y proyectos articulados con el Poder Judicial y el Ministerio Público para mejorar la administración de justicia.
Los gobiernos regionales y municipales fueron instados a liderar acciones contra la violencia hacia las mujeres. Se les propuso aprobar ordenanzas que integren la cosmovisión andina en la gestión pública y coordinar esfuerzos para erradicar la violencia machista.
(FIN) AAM