Con el objetivo de evitar que adultos de hasta 27 años compartan pabellones y rutinas con adolescentes de 14 o 15 años, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), adscrito al Ministerio de Justicia, impulsa una propuesta normativa para modificar el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. La iniciativa busca redistribuir a los internos mayores de edad que muestren conductas violentas o resistencia al cambio hacia ambientes separados.
El director ejecutivo del Pronacej, Luis Vega, advirtió en Andina al Día que la convivencia entre adultos —muchos de ellos con carga familiar— y adolescentes resulta perjudicial para la resocialización. "Esa convivencia entre un hombre de 26 o 27 años con un joven de 14 o 15 años no es beneficiosa para los objetivos que buscamos".
Actualmente, las medidas dictadas por los juzgados de familia oscilan entre ocho meses y diez años de internamiento, lo que origina que jóvenes que cometieron infracciones a los 17 años permanezcan en los mismos centros juveniles hasta cumplir cerca de una década en reclusión.
La urgencia de la reforma del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, dijo Vega, responde a la realidad demográfica de los nueve centros juveniles cerrados que operan en el país. De los más de 2,049 jóvenes internados a nivel nacional, aproximadamente el 51% ya cumplió los 18 años de edad. "Lo que necesitamos es reordenar y redistribuir a aquellos mayores de edad resistentes al cambio, que generan un riesgo para el resto de la población y para los trabajadores".
El panorama delictivo dentro del sistema juvenil refleja una alta presencia de faltas graves. El robo agravado encabeza las cifras con el 51% de la población sentenciada, seguido por las agresiones sexuales, que representan casi el 36%. El porcentaje restante responde a delitos gravosos como homicidio, extorsión, tenencia ilegal de armas, fabricación de explosivos y sicariato.
Traslados a Lima
Ante este escenario, el sector Justicia ha puesto en marcha un plan de reordenamiento de infraestructura y traslados estratégicos según el nivel de riesgo. En ese sentido, dijo que tienen prioridad los centros juveniles del norte del país —como Piura, Chiclayo y Trujillo—, donde se registra la mayor concentración de infractores involucrados en redes de sicariato y extorsión.
En el marco de estas intervenciones, el Pronacej ejecutó el traslado de 41 jóvenes desde el centro juvenil de Trujillo —declarado en emergencia hace dos meses— y derivó a otros 21 internos hacia el Centro Juvenil de Lima (Maranguita). Dicho recinto capitalino es considerado el de mayor seguridad del país gracias a sus muros altos y anchos.
Pese a las tensiones latentes por la severidad de las faltas, Vega destacó que en los últimos seis meses no se ha registrado ningún motín dentro de las instalaciones cerradas. Atribuyó este resultado al trabajo permanente en la atención de las demandas de la población y a la redistribución preventiva de aquellos perfilados con alto nivel de peligrosidad.
En el aspecto económico, el mantenimiento de los centros juveniles representa para el Estado una inversión diaria de 29 soles por interno. No obstante, el titular del programa reveló que la institución afronta un déficit presupuestal, al haber iniciado el año con un presupuesto de apertura de 60 millones de soles, frente a los más de 80 millones en años anteriores.
Para suplir las limitaciones de personal técnico, la institución ha establecido alianzas estratégicas con universidades privadas. A través de estos acuerdos, estudiantes del último año de Psicología y Trabajo Social colaboran en el tratamiento de los internos, permitiendo multiplicar el alcance de las intervenciones profesionales.
La resocialización laboral y educativa también muestra avances mediante la articulación con el sector privado y público. Actualmente -reveló Vega- un grupo de cerca de cien jóvenes cuenta con autorización judicial para cursar estudios universitarios o laborar en empresas como Oxxo y Adidas, así como en dependencias del propio Ministerio de Justicia.
Asimismo, la entidad suscribió un convenio con el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo con el fin de brindar capacitación técnica e inserción laboral a los internos. La meta es generar una dinámica de superación donde el progreso de los jóvenes en niveles avanzados motive el cambio de conducta en el resto de la población.
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(FIN) RRC
Publicado: 11/9/2026