Un fallo judicial emitido con ayuda de ChatGPT contra tres periodistas por una publicación sobre un caso de violencia de género desató polémica en Bolivia por la actuación de los jueces que aceptaron procesarlos al margen de la Ley de Imprenta vigente en el país y apelaron a la inteligencia artificial para su sentencia.
Los periodistas Ariel Vargas, Marco Zabala y Alberto Ruth fueron procesados ante la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la región oriental de Santa Cruz a instancias de una víctima de violencia de género que envió fotos a los informadores para que publiquen su caso y luego se retractó.
La mujer contactó a los tres periodistas por teléfono en marzo pasado para pedirles "auxilio" y les envió unas fotografías suyas en las que se podía observar los hematomas provocados por la agresión de su pareja, explicó a Efe la abogada Raquel Guerrero, que defiende a Vargas y Zabala.
Los informadores, que trabajan de forma independiente, publicaron el tema en sus cuentas de Facebook junto a la fotografía "obviamente precautelando el nombre e imagen de la víctima" para evitar su "revictimización", indicó Guerrero.
Cuándo empieza el hostigamiento
Al día siguiente, la mujer, quien aparentemente se habría reconciliado con su agresor, pidió a los periodistas que retiren las fotos y como no lo hicieron, "empieza el hostigamiento" de parte de ella y su pareja, según la jurista.
"Esta señorita acude al Tribunal de Garantías para pedir el retiro de las imágenes porque le causaban daño y que procese a los periodistas por violencia mediática y manipulación informática", señaló Guerrero.
Audiencia polémica
En la audiencia pública para tratar el caso, efectuada el 17 de abril de forma telemática, los periodistas ratificaron que la mujer les pidió ayuda y dio su consentimiento para la publicación de las imágenes.
Además aseguraron que la publicación se hizo "con la finalidad de precautelar su vida", dijo la abogada.
"Dentro de la audiencia pública, los vocales hacen las consultas al ChatGPT, nos muestran en la pantalla las consultas que estaban realizando, que eran totalmente direccionadas" y arbitrarias, aseguró.
Pese a que se protegió la identidad de la denunciante, el tribunal "le concede la tutela y ordena el retiro de la fotografía de las redes sociales de los periodistas", e instruye al Ministerio Público abrir una investigación por supuesta "violencia mediática y manipulación informática".
Guerrero sostuvo que este caso supone una "afectación a todo el rubro periodístico", pues se está coartando el derecho de los periodistas al trabajo, a la información y la libertad de prensa porque en este caso "es la fuente la que los demanda".
Además que "deja en la indefensión a la sociedad", pues desde lo ocurrido en la audiencia, los informadores ya no quieren publicar este tipo de sucesos porque "mañana la víctima puede reconciliarse con su agresor y el periodista queda al medio y demandado".
Reacciones del gremio
El presidente de la Asociación de Periodistas Independientes de Santa Cruz, Francisco Arauz, dijo a Efe que "toda acción que esté directamente relacionada con prensa y que afecte a un tercero tiene que ser manejada por un Tribunal de Imprenta".
Arauz indicó que se reunió recientemente con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia cruceño, Freddy Larrea, quien se comprometió a revisar el caso de los tres periodistas.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció que se vulneró la Constitución, la Ley de Imprenta y el debido proceso.
"Este es un precedente nefasto de uso arbitrario de la justicia contra la libertad de prensa, no solo porque no se sometió este caso ante un Tribunal de Imprenta sino porque se echó sombra a un hecho de violencia de género poniendo atención en las fotos publicadas y no en el delito cometido por una exautoridad pública", señaló la ANPB.
El gremio también consideró "un vergonzoso desatino" el que los vocales emplearan una herramienta de inteligencia artificial, lo que mostró "una vez más la debacle total" de la cuestionada Justicia boliviana, y criticó que el vocal López justificara su accionar indicando que "esto sólo ha sido un globo de ensayo".
La sentencia pasó a revisión del Tribunal Constitucional y la defensa de los periodistas analiza una eventual demanda por prevaricato contra los vocales porque el uso del ChatGPT no está regulado.
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