La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial realizará este 3 de noviembre la capacitación “Registro y presentación de Declaraciones Juradas de bienes, ingresos y rentas de las y los magistrados”, como parte del compromiso con la rendición de cuentas e integridad pública.
La actividad está dirigida a juezas y jueces, en el marco del convenio de cooperación suscrito por este poder del Estado con la Contraloría General de la República.
Esta capacitación tiene como objetivo hacer transparente el legajo personal de quienes administran la justicia, puesto que, declarar información económica y patrimonial es una obligación constitucional que garantiza la legitimidad de la función pública.
El juez superior Juan Díaz Guevara, responsable de la Unidad de Prevención, Supervisión e Inspección de la ANC, señaló que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial establece como una obligación transversal este importante registro.
Destacó que estas acciones forman parte de la política de prevención institucional orientada a asegurar un desempeño ético y sin inconductas funcionales.
“La idea de esta importante capacitación es que todo nivel de evaluación que se hace sobre esta naturaleza tiene que ser lo más objetivo posible”, señaló Díaz Guevara.
Declaración jurada
El Poder Judicial resalta que las declaraciones juradas se registran de manera digital y quedan alojadas en la plataforma de la Contraloría General de la República.
De esta manera, cualquier ciudadano puede acceder de forma libre al resumen del patrimonio consignado por las y los magistrados, resguardando únicamente los datos confidenciales protegidos por ley, tales como nombres de menores de edad o números de cuentas bancarias.
En este proceso, las y los jueces están obligados a detallar de forma exhaustiva sus bienes muebles e inmuebles, así como su régimen de deudas y acreencias.
Díaz Guevara recordó que al ser un documento de transparencia pública no se debe omitir datos, puesto que la omisión o falta de justificación patrimonial constituye un indicio de enriquecimiento ilícito.
“El insumo principal para la fiscalización patrimonial de las y los jueces son las declaraciones juradas, y es por eso la importancia de efectuar un buen registro, lo más exacto, lo más claro posible, a efectos de evitar este tipo de problemas” expresó.
Durante la jornada académica impulsada por la ANC, se abordarán aspectos clave para el fortalecimiento de la función judicial como el marco normativo vigente del régimen de presentación y registro de declaraciones para las y los magistrados.
Así también, el régimen del procedimiento disciplinario judicial relacionado a la infracción del deber funcional de formular declaraciones, aspectos teóricos y jurisprudenciales relevantes sobre la materia.
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(FIN) NDP/RRC
Publicado: 1/11/2026