La histórica sentencia emitida por el juez superior titular de la Corte Superior de Ucayali, Tullio Deifilio Bermeo Turchi, orientada a la protección del ecosistema amazónico de la laguna de Yarinacocha, destacó el Poder Judicial, que preside Janet Tello Gilardi.
Esta resolución, que ordena realizar estudios técnicos y ejecutar un plan de descontaminación progresiva de la laguna, representa un hito en la justicia ambiental, pues garantiza el derecho a un medio ambiente sano para las comunidades nativas aledañas, los gremios de pescadores y la ciudadanía local de Ucayali.
En Ciudad del Vaticano, Tello Gilardi presentó el marco normativo y las políticas institucionales vigentes en el país mediante una intervención que abordó leyes, sentencias y jurisprudencia, tanto nacional como internacional, donde hizo hincapié en la sentencia sobre la grave contaminación de la laguna Yarinacocha.
Por este aporte, Bermeo Turchi obtuvo el primer lugar en la Categoría A (Enfoque de reconocimiento al derecho de gozar de un medio ambiente sano y equilibrado) del I Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Resoluciones Judiciales en materia ambiental y uso sostenible de los recursos naturales.
Este certamen, como el I Concurso Nacional de Ensayos Jurídicos, fueron organizados por la Comisión Nacional de Gestión Ambiental, que preside el juez supremo Javier Arévalo Vela.
Ceremonia de premiación
La premiación de ambos concursos fue a través de una ceremonia donde se reconoció el mérito y la investigación jurídica especializada de los once ganadores, quienes recibieron distinción por la calidad, innovación y aporte de sus trabajos.
Arévalo Vela afirmó que la protección del medio ambiente y de los recursos naturales constituye una prioridad institucional; además resaltó el compromiso de consolidar una cultura orientada a la sostenibilidad, así como el acceso a una justicia moderna.
En la ceremonia también estuvo la gerente de Administración y Finanzas y presidenta del Comité de Ecoeficiencia de la Gerencia General, Carmen Asencio Ormeño, entre otras autoridades.
Previo a la premiación, la jueza suprema Elizabeth Grossmann Casas recibió el reconocimiento a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Suprema por su destacada labor jurisdiccional en defensa de las áreas naturales protegidas y de los recursos hidrobiológicos.
Prácticas ganadoras
Además de Bermeo Turchi, en la Categoría A, fue premiado en segundo lugar el juez de la Corte Superior de Huancavelica, Edgar Cusihuallpa Diaz, quien declaró fundada una demanda tras evidenciar la presencia de metales pesados como mercurio, arsénico y plomo, en instituciones educativas y viviendas de Saxamarca y Huancavelica.
A raíz de este hallazgo, el magistrado ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros, así como a diversos ministerios, activar de forma conjunta la declaratoria de estado de emergencia ambiental, medida cuyo objetivo primordial es articular acciones para proteger de forma efectiva a la población.
En la Categoría B (Enfoque de peligro concreto y peligro abstracto en la protección del medio ambiente y recursos naturales), el primer puesto recayó en el juez superior de la Corte de Selva Central (actualmente en la Corte Nacional Penal Especializada), Ricardo Manrique Laura.
Su decisión judicial previno la tala ilegal de bosques secundarios en una comunidad campesina y dispuso la reposición y siembra del ecosistema dañado bajo el monitoreo de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
Asimismo, el segundo lugar correspondió al juez penal de la Corte de Lima, Walter Huayllani Choquepuma, por emitir un auto que recomienda al Ministerio del Ambiente adecuar e implementar la legislación contra delitos ambientales.
Sobre ensayos jurídicos
Respecto a la Categoría A: (Delitos de contaminación), el primer lugar fue para Sherly Bustamante Maita y el juez penal titular de la Corte Superior de Junín, Edwin Villanueva Altamirano, por el ensayo "Repensando la contaminación del aire: Persistencia de contaminantes y salud mental en riesgo".
En la Categoría B (Delitos contra los recursos naturales), el primer lugar lo obtuvieron Erik Rojas Arias y Milton Tullume Chavesta con la investigación “Formación boscosa desde una perspectiva jurídico-normativa: análisis comparado y propuesta de definición legal operativa”.
Mientras que el segundo lugar fue para Dann Coraje Aguila, por el ensayo “Los delitos contra los recursos naturales y la variación de su norma extrapenal”.
Finalmente, en la Categoría C (Justicia ambiental), el primer puesto fue otorgado a Jhon Apaza Mamani y José Soto Huarca por “La inversión de la carga de la prueba como instrumento para el acceso a la justicia ambiental en los procesos de amparo ambiental”.
Esta actividad, realizada en Sala de Juramentos de Palacio de Justicia, se desarrolló con el apoyo de las Naciones Unidas (Oficina contra la Droga y el Delito), la Clínica Jurídica Ambiental y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
Asimismo, por la Universidad Científica del Sur, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Clínica de Litigación Ambiental, y contó con la participación de destacadas magistradas, magistrados, funcionarios y servidores judiciales de la institución.
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Publicado: 19/5/2026