El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, presentó esta mañana ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington D. C., la propuesta peruana que trata de asegurar la correcta aplicación de la Convención de Caracas de 1954. Esta iniciativa busca proteger la esencia del derecho de asilo diplomático y evitar que se utilice como un mecanismo para la impunidad.
En su intervención durante la sesión extraordinaria del Consejo, solicitada por el Perú, el canciller sostuvo que se ha producido en la región “una evolución negativa” en la utilización del derecho de asilo —figura nacida en América Latina—. Afirmó que esta tendencia, al apoyarse en “información distorsionada por sesgos ideológicos”, resulta incoherente con el espíritu y el propósito de la Convención.
En ese sentido, De Zela detalló que la iniciativa peruana propone establecer un procedimiento previo de carácter obligatorio. Este busca fijar lineamientos y transparentar los términos en que debe cumplirse el Artículo IX de la Convención de Caracas, el cual conmina al gobierno asilante a considerar la información del Estado territorial para normar su criterio sobre la naturaleza del delito.
De Zela anunció que, tras unas primeras consultas con cancilleres de la región, se sugirió que el Perú solicite opinión al Comité Jurídico Interamericano (CJI), cuerpo consultivo de la OEA, para que este realice un estudio técnico-jurídico sobre la interpretación del Artículo IX de la Convención de Caracas.
Este paso serviría de base para el procedimiento propuesto, permitiendo que las decisiones de asilo no dependan únicamente del criterio subjetivo, sino que también se fundamenten en información oficial del Estado territorial y de otras fuentes confiables.
Asimismo, De Zela enfatizó que el Perú no plantea esta iniciativa por un caso específico de asilo diplomático. Aseguró que, a pesar de las crisis políticas precipitadas por actos de corrupción en los últimos años —por las cuales varios expresidentes y políticos de todo el espectro rindieron cuentas ante la justicia—, en el país prevalece el orden constitucional y las garantías para la administración de justicia.
Finalmente, el canciller Hugo de Zela recordó que esta propuesta refuerza la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y es coherente con la legislación peruana. "Nuestra normativa prohíbe otorgar asilo a personas procesadas o condenadas por delitos comunes, y con criterios vigentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", señaló.
La presentación fue seguida por intervenciones de varios países miembros, con lo cual se comprobó el alto grado de interés que produjo.
Reacción positiva en la OEA
Posteriormente en declaraciones a Canal N, el ministro de Relaciones Exteriores destacó que su intervención en el Consejo Permanente de la OEA tuvo reacción bastante positiva y despertó un gran interés de los países miembros.
"La mayoría de los países que habló considera que lo planteado por el Perú, es decir, que ese tema se discute y se ha dado un análisis jurídico del mismo (...). Ahora falta hacer, por supuesto, el trabajo diplomático para que el Consejo Permanente tome una decisión", refirió.
Afirmó que la propuesta peruana sobre el asilo es muy simple y consiste en que una vez que una persona solicita el asilo, el país asilante pida información al país de procedencia del solicitante sobre su situación jurídica.
"Lo que estamos proponiendo es que antes de decidir, se pida información al país de donde es la personal sobre los procesos que pueda tener abiertos, sobre su situación jurídica, de tal manera que una vez que se reciba esa información y se evalúe y recién en ese momento se pueda tomar la decisión de conceder o no conceder el asilo", explicó.
(FIN) NDP/RMCH/CVC
JRA
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Publicado: 3/12/2025