Por Christian NinahuancaLa renegociación de los contratos de peajes suscritos en las gestiones anteriores de la Municipalidad de Lima con las empresas OAS y Odebrecht deberían buscar reducir las tarifas y los tiempos de concesión de Rutas de Lima y Línea Amarilla (Lamsac), señaló hoy el presidente de la organización Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.
“Sí hay margen para bajar las tarifas. Los contratos pueden revisarse, así como el monto de los
peajes y el tiempo de concesión”, manifestó.
“El valor del peaje está considerado en el contrato e incluso el documento señala que las empresas pueden reajustar las
tarifas anualmente, pero eso es discutible, porque la Municipalidad de Lima puede decir que sea cada tres años, por ejemplo, con una revisión”, agregó.
Rutas de Lima tiene la concesión por 30 años del proyecto "Vías Nuevas de Lima", el cual comprende 31.5 kilómetros de la Panamericana Norte, 54.1 kilómetros de la Panamericana Sur y 29 kilómetros de la autopista Ramiro Prialé.
Mientras que Línea Amarilla tiene la concesión por 40 años de 16 kilómetros de la Vía de Evitamiento (desde el Trébol de Javier Prado hasta el Ovalo Habich) y la nueva vía expresa de 9 kilómetros (entre el Puente Huáscar y la avenida Morales Duárez, en el límite con el Callao. Incluye el túnel debajo del río Rímac y 10 viaductos).
“El tiempo de concesión de 40 años es demasiado (en el caso de Línea Amarilla), se tendría que hacer una evaluación de un justiprecio sobre cuánto tiempo puede ser”, explicó Luis Quispe Candia.
“El Estado tiene que exigir información sobre cuánto está entrando diariamente y mensualmente a la empresa privada y, considerando el potencial aumento del parque automotor de acá a 10 años, deben revisarse esas condiciones”, añadió.
El experto consideró que si hay un excesivo cobro de las empresas concesionarias, el Estado debe sentarse en la mesa junto con estas, y plantearles nuevas condiciones favorables para la población, señalando además que 40 años de concesión es mucho.
Finalmente enfatizó que es importante evitar ir a un tribunal arbitral en el extranjero, porque muy posiblemente el Estado perdería en esa instancia.
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(FIN) CNA/JJN
Publicado: 20/5/2019