La Municipalidad de Lima buscará la renegociación justa de los contratos de peajes suscritos durante las anteriores gestiones con las empresas OAS y Odebrecht, informó el alcalde Jorge Muñoz al concluir la
En una declaración que pronunció tras el debate entre regidores, Muñoz dijo que los hechos de corrupción conocidos en los últimos días son suficiente razón para que la municipalidad actúe con prontitud y firmeza, pero sobre todo con prudencia y sustento en una base legal.
"Los contratos de concesión de Rutas de Lima y Línea Amarilla, que ahora sabemos con certeza están manchados por el cáncer del aprovechamiento personal y la mentira, no pueden seguir como están. Las condiciones que la opinión pública aceptó de buena fe con argumentos de modernidad de la obra pública y mejoras en los servicios a precios justos, escondían objetivos subalternos que son inaceptables", refirió.
Comentó que la solución a este problema no pasa por "patear el tablero para la foto de hoy" porque eso generaría irresponsables obligaciones impagables para Lima, sino que será necesario ejercer la autoridad, privilegiar el mejor interés del vecino y generar condiciones para una inversión pública, justa y limpia.
Proceso de Evaluación Conjunta
Por ello, a manera de conclusiones, Muñoz explicó que el mecanismo para avanzar hacia esa renegociación justa está contemplado en la ley y se llama Proceso de Evaluación Conjunta.
"Este Proceso de Evaluación Conjunta lo hará un comité del más alto nivel conformado por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad de Lima y los concesionarios", detalló.
Aseguró que después de la "amarga experiencia" de los casos de corrupción, la historia será distinta en la ciudad de Lima. "La corrección de los actos de este municipio y la inversión privada será la norma; el interés del ciudadano será la prioridad y no será negociable", subrayó al pedir serenidad y confianza a los ciudadanos.
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Aprobación por mayoría
La propuesta de que se active el Proceso de Evaluación Conjunta fue formulada por el propio alcalde metropolitano, quien consideró que esa salida -prevista en el Decreto Legislativo 1362 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 240-2018 MEF- es la mejor opción para el problema de los peajes.
El debate se tornó acalorado por momentos pero finalmente se aprobó, por mayoría, exhortar a que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la MML active dicho mecanismo respecto de los contratos de concesión de los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla.
Vías Nuevas de Lima estuvo a cargo del consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, mientras que
la concesión Línea Amarilla (que incluye el puente debajo del río Rímac) estuvo a cargo de OAS, hoy bajo la representación del grupo Vinci Highways.
Entre los dos, suman 18 peajes en Lima.
La legalidad de los contratos de concesión de peajes está en tela de juicio luego que empresas como OAS y Odebrecht revelaran que aportaron a las campañas contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien a su vez ha confesado que dichos aportes sí se efectuaron.
Durante el debate, que se prolongó por casi cuatro horas, se advirtió que anular los contratos de concesión traería consecuencias legales y económicas para la Municipalidad de Lima.
El 2009, durante la gestión de Luis Castañeda, la Municipalidad de Lima firmó el contrato con OAS para la concesión de la Línea Amarilla por 30 años. Posteriormente, en la administración de Susana Villarán se suscribió una adenda y se amplió el periodo a 40 años.
El el 2012, con Villarán suscribió un contrato con el consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, para el proyecto Vías Nuevas de Lima, el cual incluía un peaje en Chillón que finalmente
fue anulado ante las protestas de la población.