El Congreso aprobó la Ley N.º 32461, mediante la cual se crean veinte universidades nacionales en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, La Libertad y Ucayali.
Estas instituciones tendrán personería jurídica de derecho público interno y gozarán de autonomía académica, administrativa, económica y financiera, conforme a lo establecido en la Ley Universitaria y la Ley General de Educación.
Las nuevas universidades estarán orientadas a la formación profesional, investigación científica y tecnológica, así como a la difusión cultural, atendiendo la demanda educativa local, regional, nacional e internacional.
Entre las casas de estudios creadas figuran la Universidad Nacional Amazónica de Sandia (Puno), la Universidad Nacional Autónoma Bicentenario del Perú Parinacochas Coracora (Ayacucho), la Universidad Nacional Autónoma de Camaná (Arequipa), la Universidad Nacional Autónoma de Chiclayo (Lambayeque) y la Universidad Nacional Científica y Tecnológica del Ejército Peruano (Lima).
Cada universidad contará con departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y de posgrado, además de una oferta de carreras vinculadas a las necesidades productivas y laborales de cada región.
Por ejemplo, se incluyen programas en medicina, enfermería, psicología, ingeniería civil, ingeniería ambiental, agronomía, turismo, derecho, educación, entre otras. Asimismo, se autoriza que puedan ampliar sus carreras de acuerdo con los estándares fijados por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
La norma establece que el Ministerio de Educación conformará en un plazo máximo de 60 días las comisiones organizadoras de cada universidad, integradas por docentes de reconocido prestigio. También se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos regionales y locales prioricen las inversiones necesarias para su implementación, las cuales contarán con presupuesto propio y fuentes complementarias de financiamiento.
Con esta medida, el Estado busca acercar la educación superior pública a más regiones, reducir las brechas de acceso y fortalecer la competitividad nacional.