Así, la primera resolución ya mencionada resuelve "inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública" a la exfiscal Ávalos.
Del mismo modo, la siguiente resolución dispuso "declarar haber lugar a la formación de causa penal" contra Ávalos por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.
La investigación preliminar a Castillo Terrones se sustentó en la facultad prevista en el artículo 117 de la Constitución. Sin embargo, el Ministerio Público indicó que "el inicio de los actos de investigación" quedaba suspendido hasta la culminación de su mandato "en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal".
Es decir, en un mismo acto la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar a Castillo Terrones y también la suspensión de todas las diligencias que esa decisión podía generar.
Ambos dispositivos legales llevan la firma del Presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, y de la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano Delgado.