Andina

Ministerio Público solicita 6 años de cárcel para alcalde de Chiclayo y otros investigados

Son acusados por el delito de colusión agravada

El alcalde de Chiclayo y los demás imputados son acusados por haber concertado la suscripción de un contrato por el alquiler de compactadoras para el recojo de residuos sólidos con una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos.

El alcalde de Chiclayo y los demás imputados son acusados por haber concertado la suscripción de un contrato por el alquiler de compactadoras para el recojo de residuos sólidos con una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos.

09:35 | Chiclayo, abr. 3.

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, solicitó seis años de pena privativa de la libertad para el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, y otros investigados por el delito de colusión agravada.

El requerimiento acusatorio también pide para cada uno de los imputados la inhabilitación para ocupar cargo público por el mismo periodo y una pena de 365 días multa.

Además del burgomaestre han sido acusados la gerente de Asesoría Jurídica (e), Cinthya Flores Huamanquispe; la gerente de Asesoría Jurídica, José Flores Cabanillas; el gerente municipal y coordinador del Plan de Incentivos, Cristian Rosenthal Ninapaytan; el gerente municipal, Ricardo Romero Rentería; y el gerente de Planeamiento y Presupuesto, Luis Ponce Ayala.

También el gerente de Administración y Finanzas, Juan Carlos Ibáñez Álvarez; el jefe del Centro de Gestión Ambiental, Óscar Ahumada Ramos; la jefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos, Adriana Ghersi Burga; el subgerente de Logística y Servicios Internos, Edgardo Augusto Siaden Ortega, y los representantes de la empresa Veolia Servicios Perú S.A.C., Juan Bendezú Zevallos y  Ralph Montoya Vega.


A Gasco Arrobas se le imputa, en su condición de alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, haber concertado con los representantes de la empresa Veolia –a través de Juan Bendezú Zevallos y Ralph Montoya Vega– el otorgamiento de la buena pro y suscripción de un contrato por el importe de S/ 1’ 896 750,00 por el alquiler de compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos, en el contexto  de un proceso de contratación directa.

Según la investigación fiscal, la suscripción de este contrato se efectuó pese a que dicha empresa no cumplía con los requisitos establecidos en las Bases Integradas y Términos de Referencia; lo que habría causado un perjuicio patrimonial a la comuna ascendente a S/ 249,733.14.

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(FIN) NDP/TMC
JRA


Publicado: 3/4/2022