El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), actualmente encabezado por Eduardo Arana Ysa, desarrolló este 2023 una serie de acciones enfocadas en las materias de derechos humanos, inseguridad ciudadana, entre otras. Conoce el balance del sector para este 2023.
Defensa pública y apoyo solidario
El presente año inició con protestas sociales en diferentes regiones del país. El sector Justicia tuvo a su cargo la instalación de una comisión multisectorial para la atención de las personas heridas y deudos de los fallecidos, además de garantizar el derecho a la defensa de las personas detenidas por la policía a través de la Defensa Pública.
Dicha comisión fue la encargada de elaborar los cuatro listados de beneficiarios del apoyo solidario de S/50 mil que otorgó el Gobierno para los deudos de 63 personas que perdieron la vida durante las protestas. Además, se otorgó S/25 mil a 155 ciudadanos que resultaron heridos de gravedad.
El viceministro Luigino Pilotto detalló que la Defensa Pública brindó 112 orientaciones legales y 20 patrocinios en el marco de las manifestaciones. Además, que se aprobaron diversas normas y protocolos aplicables en cualquier contexto de conflicto social.
Delegación de facultades
Este 2023, el Congreso otorgó al Gobierno facultades legislativas en diferentes materias, entre ellas la seguridad ciudadana. En ese contexto, el Minjusdh emitió dispositivos relacionados con este aspecto.
También se promulgó el Decreto Legislativo N.º 1576, que tiene por objeto regular la aplicación de los beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional y redención de pena por trabajo o educación en los delitos de robo agravado, extorsión y sicariato.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que este último dispositivo se dio en atención a una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena el deshacinamiento de los penales y remarcó que los beneficios que otorga la norma no aplican para sentenciados por delitos graves como extorsión, sicariato, robo agravado, corrupción, entre otros.
Se promulgó también el Decreto Legislativo N.° 1589, que modifica los artículos 283 y 315 del Código Penal, a fin de endurecer las penas para quienes dañan la infraestructura y servicios públicos y ocasionan grave afectación a la tranquilidad ciudadana. Así, se disponen pe
nas de hasta 15 años de prisión por el delito de disturbios, el cual incluye como agravantes el daño a vías terrestres y fluviales e infraestructura portuaria.
También, en el marco de estas acciones,
el Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia N.° 034-2023,
que dispone la entrega de más de S/ 111 millones a diferentes entidades del Gobierno Nacional, Poder Judicial y gobiernos locales para la implementación de
unidades de flagrancia delictiva en los distritos declarados en estado de emergencia por inseguridad ciudadana.
Presupuesto y proyectos
El presupuesto del sector Justicia para el año 2024 asciende a S/ 2,184 millones, monto sustentado por el ministro Arana ante el pleno del Congreso y que representa un incremento del 10% con respecto al año anterior. El monto contempla la inauguración dos Centros de Asistencia Legal Gratuita (Alegra) en Chanchamayo y Los Olivos, entre otras acciones para acercar los servicios del sector a la ciudadanía, señaló.
Asimismo, precisó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) continuará con la ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de diferentes penales a nivel nacional. Entre ellas, destaca la reactivación de las obras para la construcción del megapenal de Ica.
Cabe señalar también que, en mayo de este año, el Minjusdh presentó lista priorizada de proyectos de inversión a ser desarrollados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en diversas partes del país.
La cartera está valorizada en cerca de S/ 193 millones e incluyó 8 proyectos a realizarse en diferentes partes del país, entre ellos la ejecución de dos centros juveniles de rehabilitación, cuatro oficinas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y los dos centros Alegra.
(FIN) MRCA/CVC
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Publicado: 1/1/2024