El gobierno peruano cumplió con informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los avances efectuados en relación a la implementación de las recomendaciones formuladas por dicho organismo, en el contexto de las protestas sociales en nuestro país.
En ese marco, una delegación multisectorial presentó sus informes de acciones orientadas al respeto irrestricto y garantía de los derechos humanos.
El viceministro de Derechos Humanos, Luigino Pilotto, señaló que el Estado atendió a 111 deudos de 63 personas fallecidas y 155 personas heridas de gravedad, con un apoyo económico de 50 mil soles por fallecido y 25 mil soles por herido de gravedad.
Anotó que, en el caso de los fallecidos, también se atendió a militares y policías, así como a personas que por el cierre de carreteras no recibieron atención médica a tiempo. De igual forma, se brindó asistencia médica, becas para los hijos de las personas afectadas, así como la inclusión en programas sociales y agrarios.
Por otro lado, la Defensa Pública brindó 112 orientaciones legales y 20 patrocinios en el marco de las manifestaciones sociales. El sector Justicia y Derechos Humamos aprobó diversas normas y protocolos aplicables en cualquier contexto de conflicto social.
Asimismo, se han abierto 12 servicios especializados de defensa de víctimas con enfoque intercultural. Adicionalmente, para fortalecer el diálogo con la población, se han realizado 7 mesas de diálogo con defensores de derechos humanos y mesas de concertación en 5 ciudades del país.
A su turno, la jefa de gabinete del Ministerio de Salud (Minsa), Claudia Fuentes, explicó que se brindó atención de salud a un total 1398 personas afectadas, así como 1717 atenciones de rehabilitación médica y atención psicológica hasta el mes de octubre.
Las atenciones son brindadas con un enfoque intercultural, a fin de que el personal de la salud pueda abordar cada área temática en establecimientos que atienden a población Awuajún, Awajpun-Wampis, Aymara, Quechua, Shipibo-Conibo, Ashaninca, Ashéninca, entre otros.
En tanto, la directora general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, Aissa Tejada, informó que, en junio de 2023, se aprobó la directiva denominada “Lineamientos para el fortalecimiento de las capacidades del personal policial en el uso de la fuerza orientado al mejoramiento continuo con enfoque de derechos humanos”; con ello se busca una actuación responsable de los policías en el mantenimiento del orden público.
En esa línea, se aprobó la directiva para el uso adecuado de medios no letales o menos letales en operaciones policiales de control mantenimiento y restablecimiento del orden público.
De igual modo, se ha dispuesto también que el personal policial no debe portar armas de fuego letales y, en el marco de la delegación de facultades por parte del Congreso al Ejecutivo, se ha considerado la creación de la Dirección de Derechos Humanos como un órgano policial especializado.
En representación del sector Defensa, el director de Política y Planeamiento para la Defensa, el coronel Gerber Rubio, manifestó que el sector capacita al personal con cursos y programas de derechos humanos. Puntualizó, asimismo, que el sector Defensa ha brindado y continuará entregando información a las instituciones que administran justicia.
En cuanto a las acciones en el sector Cultura, el viceministro de Interculturalidad, José Carlos Rivadeneyra, señaló que se viene impulsando un diálogo genuino con enfoque intercultural y territorial, ampliamente participativo, en especial de aquellos que han sido los más afectados en el marco de las protestas sociales.
Anotó que el Poder Ejecutivo ha presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley orientado a la promoción de la diversidad cultural para la prevención, erradicación y sanción de la discriminación étnico-racial.
Adelanto que también se viene implementando la Estrategia “Perú sin Racismo”, en cuyo marco se asiste técnicamente a 22 gobiernos regionales, generando condiciones a nivel territorial para garantizar los derechos de los pueblos; y se ha creado Orienta - Servicio de Orientación frente a la discriminación étnico racial, a través del cual, se viene brindando asesoría legal gratuita a la ciudadanía para accionar oportunamente ante la comisión de un acto de discriminación étnico-racial
De igual forma, se aprobó la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030, cuya finalidad es garantizar los derechos políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo afroperuano en condiciones de igualdad.
Finalmente, se ha fortalecido el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, que actualmente cuenta con 696 intérpretes y traductores inscritos a nivel nacional. Asimismo, se cuenta con el “Servicio de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas u Originarias”, asegurando el respeto de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en diversos servicios públicos.
En otro momento, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Marlene Espinoza Goyena, explicó que la PCM ha puesto en marcha una estrategia para promover diálogo sincero y sostenido en todos los departamentos del país, ejecutado por los equipos de las oficinas de gestión y diálogo, para identificar las demandas de las diversas comunidades y autoridades.
Así también, en agosto se desarrollaron talleres de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a 25 gobiernos regionales y 18 sectores del Poder Ejecutivo
Asimismo, se han desarrollado acciones cívicas para atender a la ciudadanía en Puno, Junín y Cuzco llevando servicios médicos de diversas especialidades, así como información y apoyo de los diversos programas y servicios que ofrece el Estado.
“La CIDH ha determinado que cada uno de estos hechos debe ser investigados por autoridades competentes, con la debida celeridad e imparcialidad y además con absoluta independencia; a fin de que se pueda determinar el modo y circunstancia de cada uno de estos decesos identificando a los responsables, asegurando la reparación de las víctimas y la no repetición; sin perjuicio a lo indicado, es menester indicar que es absolutamente importante indicar que estos hechos, la propia comisión los ha considerado casos concretos”, expresó Adrianzén.
Al finalizar la sesión de la CIDH, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, remarcó que como Estado existe una política de respeto irrestricto de los derechos humanos y que junto a los representantes de los diversos sectores del Ejecutivo realizarán un informe integral para presentarlo al país e, incluso, se conformará una comisión interinstitucional, a fin de tener reuniones permanentes hasta la presentación del informe final.