El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia 034-2023 que dicta medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para fortalecer e implementar las unidades de flagrancia delictiva y dicta otras medidas.
El decreto tiene por objeto dictar medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera, para fortalecer e implementar las unidades de flagrancia delictiva, así como la contratación de personal, bienes y servicios en entidades del Gobierno Nacional, Poder Judicial y gobiernos locales.
Ello con la finalidad de ejecutar acciones urgentes e inmediatas en seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales en un contexto de incremento de incidencia delictiva común y organizada.
Contexto que se presenta en los distritos de
San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres (Lima) y en los distritos de
Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa (Sullana - Piura), declarados en estado de emergencia por el
Decreto Supremo 105-2023-PCM.
Transferencia
En tal sentido, autoriza las transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de 111 millones 659,275 soles, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos locales.
Dicha transferencia permitirá la implementación inmediata de Brigadas Especiales Contra el Crimen Organizado a cargo de la Policía Nacional del Perú; la dotación de mayores recursos logísticos a los Departamentos de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y Sullana.
También, a las Comisarías de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y Sullana, a la Oficina de Criminalística de Piura; a la Unidad Funcional de Criminalística de San Juan de Lurigancho; a la División de Policía Judicial y Requisitorias y a la Dirección de Operaciones Especiales a cargo de la Policía Nacional del Perú.
De igual modo, permitirá la contratación y dotación de nuevos defensores públicos y personal de apoyo judicial; la implementación de Unidades de Flagrancia Delictiva; y la implementación de los servicios de patrullaje municipal y video vigilancia a cargo de los gobiernos locales de los distritos declarados en estado de emergencia.
Otras medidas
Además, autoriza la contratación de personal en entidades del Gobierno Nacional y gobiernos locales, estableciendo para ello medidas en materia de contrataciones del Estado.
Por último, dispone que hasta el
30 de enero de 2024, los ministerios del Interior y Justicia, así como el Poder Judicial, con fines de rendición de cuentas y transparencia de la información, remiten a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas en forma mensual, un reporte de las intervenciones en torno al número de detenidos indicando el tipo de delito y si se encuentra bajo la
Ley contra el Crimen Organizado.
(FIN) JCC
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Publicado: 27/10/2023