De hecho, hace unos meses se premiaron 22 experiencias locales e indígenas en el marco del Premio Ecuatorial 2019, galardón de alcance mundial otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se desarrolló en Nueva York. De ese grupo, cuatro pertenecen a comunidades nativas del Perú (Nuevo Saposoa, Patria Nueva, Tuntanain y Amarakaeri) que enfrentan los desafíos del cambio climático y la pobreza.
En la COP 25, Muñoz Dodero también suscribió el Plan de Acción del Pacto de Leticia por la Amazonía. Este acuerdo compromete a Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil, Surinam y Guyana a establecer acciones conjuntas y un trabajo coordinado para la valoración de los bosques y la biodiversidad, así como luchar contra la deforestación y degradación forestal con base en las políticas nacionales y sus respectivos marcos regulatorios.
Cabe mencionar que, en el último año, un total de once regiones con bosques amazónicos del Perú redujeron su deforestación, destacando Pasco (-31 %), Junín (-26 %) y Cusco (-21 %). En el 2018 la pérdida de bosques húmedos amazónicos alcanzó las 154 766 hectáreas, lo que representa una reducción de 1 148 hectáreas, es decir 0.73 % menos con respecto al año anterior, que fue de 155 914 hectáreas.
En el 2019 se finalizó el proceso de consulta previa del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático (152 acuerdos y 1 desacuerdo); que permitirá reducir la vulnerabilidad del país frente a este escenario global y aprovechar las oportunidades de crecimiento con menores emisiones de carbono. Actualmente este reglamento se encuentra en su última etapa de aprobación a nivel multisectorial.
En el último año el Gobierno peruano de la mano con la World Wildlife Fund - WWF y sus socios comprometieron US$ 140 millones para la protección y conservación de la Amazonía peruana. Esto permitirá expandir y administrar 17 millones de hectáreas de bosques tropicales, que en el mediano plazo impulsarán la economía local y el bienestar de las poblaciones aledañas.
Acciones por la calidad del aire
En el 2019 se aprobó el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, instrumento que permite estandarizar los criterios técnicos para el monitoreo ambiental del aire en el país (a fin de generar información de calidad, comparable, confiable y representativa) y es de cumplimiento obligatorio para toda persona natural o jurídica, pública o privada.
Además, se lanzó la plataforma digital Huella de Carbono Perú, herramienta creada por el MINAM que busca que las organizaciones calculen y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), promoviendo una mayor eficiencia y competitividad.
Con un monto inicial de 80 millones de soles como incentivo (bonos), en el 2019 el gobierno peruano aprobó el Decreto de Urgencia (DU) que establece incentivos para el fomento del “chatarreo”, mecanismo dirigido a la renovación o retiro definitivo de vehículos obsoletos del parque automotor.
Se estima que en los próximos 10 años la implementación satisfactoria de los programas de chatarreo a nivel nacional permitirán evitar la emisión de 10 millones de toneladas de CO2 al aire, lo que repercutirá positivamente en ahorros en salud y ambiente (reducción de GEI), de hasta 170 millones de US$ y 70 millones de US$, respectivamente.
Por último, en el 2019 se aprobó el primer Régimen Especial de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), medida que permitirá una mejor gestión de estos residuos contaminantes que, al no ser correctamente reciclados, causan estragos al ecosistema.
Se calcula que para el año 2020, 18 mil toneladas de RAEE podrán serán ingresadas al proceso de valorización en instalaciones autorizadas y 12 mil toneladas de insumos podrán ser incluidos en nuevos procesos productivos a partir de los RAEE.
Motivo de la rendición
El MINAM rinde cuentas públicamente, de forma voluntaria, transparente y democrática; ya que la gestión encabezada por la ministra Fabiola Muñoz reconoce que es necesario establecer un nuevo modelo de relación con la sociedad, el cual debe estar basado en la apertura y la colaboración, y orientado a la participación de los ciudadanos y ciudadanas.
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