La pandemia del covid-19 ha revelado que no es suficiente que el Estado mejore los servicios de atención frente a la violencia contra la mujer y otros miembros de la familia, sino que debe prevenirla, y, por tanto, actuar antes de que los hechos ocurran, aseguró la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Silvia Loli.
Por ese motivo, el Mimp entregará al próximo gobierno un plan de prevención contra la violencia, aprobado y en funcionamiento, resaltó la ministra.
Los servicios que se incluyan en el plan de prevención contra la violencia se orientarán al “control previo”, es decir, a la intervención preventiva en poblaciones en situación de riesgo que el ministerio ya tiene identificadas, como los huérfanos por feminicidio, por covid-19, niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato o violación, entre otros, comentó Silvia Loli a la agencia Andina.
“En nuestra gestión profundizaremos la intervención preventiva; el Estado tiene que proteger los derechos de las personas, no solo atenderlos mejor. La estrategia de prevención supone ofrecer servicios antes de que los hechos de violencia sucedan. Por ejemplo, las medidas de protección dispuestas para las víctimas tendrán que ser supervisadas por personal especializado de los CEM y de la Policía Nacional”, señaló.
Ciudadanía activa
Al plan se sumarán otras estrategias, como las relacionadas a consolidar alianzas con la ciudadanía y fortalecer el trabajo intersectorial del Estado. Así, precisó Loli, el Mimp establecerá acuerdos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para que las promotoras de todos sus programas, a escala nacional, identifiquen de manera temprana la violencia en los hogares y entreguen herramientas de solución a las familias.
“Las juntas vecinales de seguridad ciudadana, los promotores de salud, lideresas de los comedores populares forman parte de esta alianza con la ciudadanía organizada, que servirá para dar a conocer derechos, los servicios que ofrece el Estado y cambiar valores y creencias sobre el abuso y maltrato en las familias. La ciudadanía tiene que ser activa, el Estado somos todos”, señaló.
Para Loli, es urgente modificar las cifras que demuestran que la oferta del Estado para reducir la violencia tiene que cambiar. Antes de la emergencia sanitaria por el covid-19 en el país, el 27 % de mujeres que viven en condiciones de violencia buscaba apoyo, un porcentaje disminuyó en la coyuntura de pandemia.
Más cerca de las víctimas
Por eso reconoció que,
pese a las restricciones de movilización, lograron adecuar los servicios a la realidad del confinamiento de las mujeres víctimas de violencia y el Mimp creó ofertas itinerantes como el actual Servicio de Atención Urgente (
SAU), que durante la etapa de cuarentena se llamó Servicio de Emergencia Itinerante, para atenderlas directamente en sus hogares pues no podían desplazarse a realizar una denuncia o llamar a la Línea 100. Hoy se usa cuando la víctima no puede acudir al CEM o requiere de atención inmediata.
“Estamos convencidas de que el Estado está para proteger, para garantizar derechos, y no puede recargar solo en la víctima la posibilidad de acudir a un centro para pedir apoyo, pues se encuentra en estado de indefensión. La población tiene que saber que cualquier persona puede denunciar, llamar a la Línea 100, acudir a las fiscalías especializadas o módulos del Poder Judicial. La ley la respalda”, acotó.
Durante la pandemia, la Línea 100 incrementó el número de sus llamadas en 115 %, es decir, de 108,331 llamadas de enero a noviembre del 2019 pasó a 218,218 en el mismo periodo en el 2020. Fue el servicio más demandado y el Mimp invirtió en la contratación de especialistas. Son actualmente 77 y cumplen tres turnos completos de 7x24.
Para atender en sus propias casas a los adultos mayores y personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, como a niñas, niños y adolescentes en la misma situación, el Mimp creó Inabif en Acción y la Unidad de Protección Especial Itinerante (UPE), respectivamente.
Salud emocional del personal
La gran tarea para el Mimp es lograr que la atención de la salud emocional del personal que recibe los pedidos de ayuda, orientación, denuncias por maltrato, agresión o violación sea reconocida como parte del servicio que ofrece la institución en sus diferentes modalidades: a distancia (telefonía e internet) y presencial (CEM y servicios itinerantes).
La ministra Loli está convencida de que no puede dejarse de lado la condición humana de estos servidores públicos y el Estado tiene que ser más sensible con los profesionales que “escuchan violencia todo el tiempo”.
“Si queremos mejorar la calidad de atención tenemos que cuidar la calidad humana de nuestro personal, su salud emocional, darles contención, mecanismos, espacios de protección emocional en el mismo lugar de trabajo para que puedan liberar sus tensiones”, afirmó.
Según estadísticas del Mimp, al 30 de noviembre del 2020 los CEM atendieron 98,164 casos. De ese total, 48,168 fueron por violencia psicológica, 37,756 por violencia física y 11,782 por violencia sexual. El 85.5 % de las denuncias fueron hechas por mujeres y el 14.5 %, por varones.
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Publicado: 5/1/2021