Propuestas concretas, viables e innovadoras, que respondan a las urgentes necesidades del país, especialmente en materia de seguridad ciudadana y regulación de la minería informal, es lo que esperan empresarios de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) en el Mensaje a la Nación que dará la presidenta Dina Boluarte hoy 28 de julio.
“Esperamos que hoy el mensaje presidencial marque un punto de inflexión con medidas claras para enfrentar la violencia y la criminalidad, así como para poner orden en la minería informal que tanto daño causa al desarrollo regional y nacional”, expresó el presidente de la CCLL, Fernando Guerra Fernández.
Ola criminal afecta la economía
El líder empresarial remarcó que la inseguridad ciudadana continúa siendo uno de los principales frenos al desarrollo económico, afectando tanto a las inversiones como a la actividad empresarial. Asimismo, señaló que la expansión de la minería ilegal, vinculada también al accionar criminal, requiere una respuesta focalizada, decidida y articulada entre los
poderes del Estado.
“El empresariado formal exige medidas de impacto, no parches temporales. Es momento de ver reformas que fortalezcan nuestras instituciones, que impulsen la competitividad y que restituyan la confianza de los ciudadanos en el Estado”, agregó.
En los últimos meses, empresas mineras que operan en las provincias de Pataz y Sánchez Carrión han sufrido incursiones criminales que han afectado sus operaciones, propiedad privada, y la vida de sus trabajadores.
Propuesta empresarial
Fernando Guerra también destacó qué, recientemente junto al Instituto Videnza, presentaron un conjunto de propuestas concretas, articuladas y con enfoque territorial, orientadas a enfrentar la ola de criminalidad y ordenar la minería informal. Se trata de iniciativas que nacieron del aporte técnico del sector empresarial, la sociedad civil, la academia y funcionarios públicos, quienes desarrollan sus actividades en el ámbito regional.
Se propone, entre otras acciones, la implementación de Centros de Comando y Control (C4), el fortalecimiento de la inteligencia policial, la articulación efectiva de los Consejos de Seguridad Ciudadana, y la creación de un sistema de trazabilidad del oro, acompañado de una norma legal integral que regule la cadena de valor minera.
Del mismo modo, plantea potenciar la colaboración público–privada a través de mecanismos como Obras por Impuestos, la conformación de fideicomisos especializados en seguridad, el uso de tecnologías de vigilancia inteligente, el patrullaje digital y una estrategia de prevención social en los territorios más afectados por la violencia.
“No se trata solo de reprimir el delito, sino de construir condiciones para que florezca la legalidad. Como sector empresarial, estamos listos para contribuir, pero el Estado debe asumir su rol de forma firme, técnica y transparente. La situación exige decisiones valientes y sostenidas, no medidas aisladas ni improvisaciones”, puntualizó.
Finalmente, aseveró que la Cámara de Comercio de La Libertad reafirmó su compromiso con el desarrollo del país y su disposición a contribuir desde el sector privado en la construcción de soluciones sostenibles, que articulen a los distintos niveles del Estado con las empresas y los diferentes actores de nuestro territorio.