El estado del centro histórico de Ayacucho vuelve a encender las alarmas. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que más de 40 casonas e iglesias presentan un riesgo crítico de colapso, debido al avanzado deterioro de sus estructuras, se informó.
Entre los inmuebles más vulnerables figura la casona Diego Ladrón de Guevara, donde anteriormente funcionaba el Rectorado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y cuyos ambientes del primer piso albergan actualmente diversos comercios.
Juan Carlos Arenas Gálvez, titular de la Dirección Desconcentrada de Indeci Ayacucho, informó que estas
edificaciones históricas muestran daños severos en cimientos, muros y techumbres, lo que exige una intervención inmediata. “Estamos preocupados porque estas infraestructuras están en riesgo inminente de colapso”, advirtió. Precisó que la responsabilidad de las acciones directas recae en la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Dirección Desconcentrada de Cultura.
Otro de los predios más afectados es la casona Cappelletti, la Diego Ladrón de Guevara y varias construcciones ubicadas en los jirones principales del centro histórico.
Arenas señaló que los apuntalamientos instalados por precaución no brindan garantías reales. “Eso está en peligro de colapso inminente”, afirmó, al recordar que la municipalidad optó por cerrar el pasadizo público debido al alto flujo de peatones.
Bajo este escenario, representantes de Indeci, el municipio de Huamanga, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Defensoría del Pueblo suscribieron un acta para declarar en emergencia estas casonas y templos.
La medida permitirá activar procedimientos administrativos y presupuestales orientados a una intervención urgente.
Arenas subrayó que se requiere una acción integral y coordinada. “Son alrededor de 40 casonas e iglesias en estado crítico y muchas están abandonadas”, sostuvo.
También remarcó la necesidad de evaluaciones estructurales completas y de acuerdos con propietarios privados y el Arzobispado, a fin de adoptar medidas que garanticen la seguridad de la población y eviten una tragedia como lo ocurrido hace semanas por el jirón 28 de julio, donde el desprendimiento de la iglesia Compañía de Jesús causó la muerte de una madre de familia y dejó otros tres heridos graves.