15:37 | Río Branco, abr. 28 (ANDINA).
Por Danton Cuadra, enviado especialEl presidente Alan García Pérez sostuvo hoy que el Perú no desea ninguna circunstancia que altere la buena relación con Venezuela, aunque sostuvo que la primera obligación de un gobierno democrático es “proteger a quien se sienta amenazado.”
Formuló estas expresiones al ser consultado por la prensa brasileña sobre el asilo humanitario concedido por el Perú al político opositor venezolano, Manuel Rosales, medida que motivó que Caracas convocara a su embajador en Lima.
“Tenemos una posición de amistad con el gobierno venezolano, que es un gobierno nacido de las urnas, del que nadie puede negar su carácter popular, y por consiguiente no queremos que ninguna circunstancia ni peripecia pueda alterar nuestra buena relación con Venezuela y así seguiremos buscando ese objetivo”, expresó.
Añadió que “en cuanto al tema personal y concreto, de un ciudadano venezolano que llega al Perú, que se considera amenazado, el primer deber de un país democrático es darle protección”.
Subrayó que después habrá otras circunstancias en las cuales se pueda mantener esa protección o pueda hacerse evidente lo que se considere negativo, pero “la primera obligación de un gobierno democrático es proteger a quien se sienta amenazado”.
García Pérez consideró que el objetivo de preservar la buena relación con Venezuela y proteger a quien se sienta amenazado pueda cumplirse sin que ello signifique un conflicto.
“Creo que los dos objetivos podemos cumplirlos sin que signifique un conflicto, un problema entre dos pueblos unidos históricamente y entre dos gobiernos que han venido respetándose escrupulosamente en todo tipo de relaciones entre sus países”, remarcó.
Venezuela acordó el lunes llamar a consultas a su embajador en Lima y someter a "revisión" la relación con Perú en protesta por el asilo otorgado a Rosales, que consideró una burla contra el derecho internacional y un agravio contra el pueblo de Venezuela.
Rosales, quien fue elegido alcalde de Maracaibo en noviembre de 2008, fue acusado en marzo por el Ministerio Público de Venezuela de incurrir en el presunto delito de "enriquecimiento ilícito" durante los años 2000-2004, cuando fue gobernador de estado occidental del Zulia.
El alcalde ha rechazado la acusación, y sostiene que el proceso en su contra responde a "una orden" de Chávez, a quien se enfrentó en las elecciones presidenciales del 2006.
(FIN) GCO/GCO
Publicado: 28/4/2009