La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ica y Cañete (Primer Equipo) logró que se condene con penas efectivas a los 25 integrantes de la organización criminal El Sindicato del Crimen de Nasca, que amedrentaba a sindicatos de construcción civil y empresas constructoras en la provincia iqueña de Nasca.
Se trata de Jorge Guerra (cabecilla), César Contreras, Sydartha Gutiérrez, Natali Mendiela, Thaly Jayo, Anderson Vizarreta, Pierre Jara, Omar Coello y Miguel Ángel Quispe, condenados a 30 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas.
También fueron condenados Surendra Maeda, Jhonathan Aquije y Jaime Satán, a 26 años y 8 meses de prisión por los mismos delitos. Justo Viera, Edgar Ramos, Ángel Buitrón y Máximo Vargas recibieron penas de 16 años y 8 meses de prisión efectiva.
De igual forma, Carlos Ríos, David Guía, Carlos Feria, Ulises Huamán, Erika Lizana, Milagros Palomino, Juan Manuel Mucha, Piero Peralta y Steven Garay fueron condenados a penas que oscilan entre 23 años y 24 años de prisión.
Reparación civil
Los sentenciados deberán pagar una reparación civil a favor del Estado y de los familiares de las víctimas, por un monto de 671,000 soles.
La investigación y posterior acusación estuvieron a cargo del fiscal provincial Percy Samir Palomino Cruz, con la participación de la fiscal adjunta provincial Claudia Morán Boada, quienes demostraron la responsabilidad penal de los acusados en graves delitos violentos.
Según se acreditó en el juicio, la red criminal denominada El Sindicato del Crimen de Nasca buscaba monopolizar los sindicatos de construcción civil, con la finalidad de cobrar cupos y extorsionar a las empresas constructoras de Nasca y Vista Alegre.
Para ello, ejecutaron asesinatos selectivos, atentados armados y actos de intimidación contra dirigentes sindicales rivales, sus familiares y otras personas que se negaban a alinearse con su accionar ilícito.
Los crímenes
En total, el referido grupo delictivo cometió nueve asesinatos, ocho homicidios calificados en grado de tentativa, además de los delitos de tenencia ilegal de armas, entre otros ilícitos graves.
Durante el juicio se probó que la organización financiaba sus actividades delictivas mediante la microcomercialización de drogas, lo que les permitió adquirir armas de fuego, vehículos y logística para ejecutar crímenes.
Estos medios también eran utilizados para trasladar a los sicarios hasta los lugares donde se encontraban las víctimas y, posteriormente, ocultar o enterrar los cuerpos de los heridos o fallecidos, con el objetivo de eliminar evidencias que los incriminaran.
Un hecho relevante es que entre los sentenciados hay un expolicía que brindaba información reservada y facilitaba el accionar de la organización criminal.
Con este resultado, el Ministerio Público reafirma su firme compromiso en la lucha frontal contra el crimen organizado y en la defensa de la legalidad, la paz social y los derechos fundamentales de la ciudadanía.