El juez Cerapio Roque Huamancondor, quien ordenó las interceptaciones telefónicas en las cuales se escucha a jueces en presuntos actos de corrupción, aseguró hoy que la medida fue legal y no vulneró el derecho de los magistrados, cuya identidad era desconocida en ese momento.
A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la Corte Superior de Justicia del Callao, refirió que su despacho accedió al pedido de medidas restrictivas de derechos solicitado por la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao para un conjunto de personas identificadas con alías, número o un solo nombre.
En un primer momento, explicó el titular de Primer Juzgado del Investigación Preparatoria para casos de corrupción, el levantamiento del secreto de las comunicaciones estaba vinculado a investigaciones a una organización criminal denominada “Las castañuelas de richi port”, dedicada al presunto delito de tráfico de drogas, extorsión, sicariato y otros.
“Como consecuencia de las interceptaciones telefónicas, la Fiscalía requiere la medida sobre los números telefónicos mediante los cuales se estarían realizando coordinaciones entre el brazo legal de la citada organización y el sistema judicial, quienes vendrían dando información y estarían favoreciendo para lograr la impunidad, pactando reuniones para tal efecto”, indica el juez Roque.
Su despacho, indicó, aceptó los demás pedidos de la Fiscalía para levantar el secreto de las comunicaciones y ampliar los números comprendidos en la medida, en razón de los hechos presuntamente delictivos que
iban surgiendo de las escuchas telefónicas.
Precisó que los pedidos de la Fiscalía se hacían sobre números presuntamente relacionados con actos delictivos, de personas mencionadas con un nombre, alias o siglas, sin mencionar los nombres y apellidos de los comprendidos en la medida, menos sus cargos públicos.
“Incluso la misma representante del Ministerio Público, en otro extremo de su requerimiento, pedía que las compañías de telefonía informen los nombre de los titulares de los números telefónicos comprometidos, extremo que este despacho también estimó”, refiere.
“La fiscal del caso, una vez tomado conocimiento de los mismos, cumplió con elevar el caso al órgano competente para los fines de inicio del proceso especial respectico, siendo, por lo tanto, fueron licitas las medias dictadas”, concluyó.
El juez César Hinostroza Pariachi indicó que las interceptaciones telefónicas que permitieron conocer sus conversaciones no pueden ser autorizadas por un juez de investigación preparatoria a pedido de la fiscal, dada su condición de magistrado supremo.
(FIN) FHG/CCR
JRA
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Publicado: 12/7/2018