El vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Javier Llaque, instó al Poder Judicial que revoque el "habeas corpus" que permite al interno Rodolfo Orellana ejercer como abogado mediante un estudio legal que opera en el penal de Challapalca, donde purga prisión preventiva por la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
"Es una medida ilegal que no va acorde con las normas de nuestra institución. Esta resolución es irrazonable", sostuvo el funcionario.
Aseveró que el Inpe tiene protocolos de seguridad muy estrictos en el penal de Challapalca y, en este caso, obliga al Inpe a disponer de cuatro custodios para el interno
Orellana Rengifo dado que, según el "habeas corpus" a su favor, él está habilitado por el Colegio de Abogados de Lima para ejercer como abogado aunque se encuentre en prisión.
El vicepresidente del
Inpe dijo que, gracias a esta autorización judicial,
Orellana Rengifo atiende una vez a la semana en un ambiente habilitado con un escritorio y sillas, e incluso pretende que otro interno le brinde asistencia.
En ese sentido, Llaque exhortó a la
Sala de Apelaciones de Tacna, que resolverá la apelación presentada por el Inpe, que rechace la resolución judicial en primera instancia que permite el ejercicio de la abogacía a
Orellana Rengifo.
“Ojalá revoque la resolución, porque creemos que es irracional y porque la institución no se adapta al interno, sino al revés, el interno debe adaptarse a las normas del Inpe”, afirmó el vicepresidente de dicha institución.
Rodolfo Orellana Rengifo fue trasladado desde el penal de Ancón I al penal de Challapalca, a mediados del 2015, luego de que se descubrió que tenía un teléfono móvil en su celda.
Debido a este hecho, que infringió las normas del establecimiento penitenciario, en abril de este año el Poder Judicial condenó a cinco años de cárcel a
Rodolfo Orellana por el delito de cohecho activo genérico.
Sin embargo, esta es la segunda sentencia que cumple
Orellana Rengifo, dado que en el 2017 el Poder Judicial lo condenó a seis años de prisión por la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), con la que estafó al Estado a través de la emisión de cartas fianzas sin valor.
La prisión preventiva que cumple actualmente responde al proceso judicial por presunto delito de lavado de activos, cuya investigación está a cargo de la fiscal Marita Barreto.
(FIN) LZD/MAO
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