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Gremios se pronuncian sobre renegociación del contrato con Camisea

ANDINA/Melina Mejía

ANDINA/Melina Mejía

10:02 | Lima, set. 30.

Diversos gremios e instituciones empresariales manifestaron estar en contra de una renegociación del contrato entre el Estado y el Consorcio de Gas de Camisea.

La Asociación Empresarial IPAE anunció su rechazo a esta iniciativa. Afirmó que si bien todo contrato es renegociable, debe haber la debida motivación, seguir los canales institucionales y formas adecuadas, lo cual considera no se habría dado en este caso.  

“Se ahuyentan las inversiones y por tanto los empleos, además de poner en riesgo la provisión de servicios a la ciudadanía y la recaudación que percibe el Estado”, aseveró mediante un comunicado.  

Refirió que el Consorcio de Gas de Camisea paga entre impuesto a la renta y regalías más de 60% de sus utilidades.  

“Al menos la mitad va a los gobiernos regionales y locales, así como a universidades del Cusco, lo cual equivale a aproximadamente cuatro millones de soles diarios. Asegurémonos que estos recursos, con una buena gestión pública, se traduzcan en una mejor educación, salud, caminos, energía y otros servicios”, señala. 

IPAE considera relevante, además, atender la demanda de las familias por gas a precios competitivos, lo cual requiere destrabar los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del 2019: 

(i) Masificación del uso de gas natural, distribución por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali.   

(ii) Distribución de gas natural por red de ductos en la región Piura;  

(iii) Sistema integrado de transporte de gas para Cusco, Arequipa y Moquegua. 

 
Infraestructura   

Por su parte, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), además de manifestar su rechazo a la iniciativa de renegociación, subrayó la necesidad de avanzar en el cierre de las brechas de servicios públicos y aseveró que hay grandes extensiones de territorio que no cuentan con conectividad vial y de telecomunicaciones, servicios de agua y saneamiento, de salud, entre otros.  

“Se requiere mejorar la calidad y ejecución de la gestión pública, así como la capacidad del Estado para convocar de forma urgente y masiva a la inversión privada y cerrar dichas brechas. Ahuyentar a los inversionistas va en sentido contrario a alcanzar este objetivo” subrayó en un comunicado.  

Comentó que el principal problema en la ejecución de muchos contratos de concesión es el incumplimiento de las obligaciones del propio Estado, tales como la entrega de áreas, aprobar de manera oportuna los expedientes técnicos, otorgar diversos permisos o generar mecanismos expeditos de resolución de controversias durante la ejecución de las obras, entre otros.  

Dotar al Estado de los recursos y capacidades necesarias para avanzar en estos puntos permitiría, solo en el sector transportes, la ejecución de proyectos pendientes por más de 6,240 millones de dólares, generando más de 390,000 empleos, precisó. 

AFIN subrayó que es fundamental que las autoridades revisen los contratos de concesión suscritos y que detallen su impacto en el país.  

“Estamos seguros que esta evaluación llevará a concluir que necesitamos más colaboración entre sector público y privado, además de trabajar una agenda de simplificación de la tramitología y de fortalecimiento del servicio civil”, detalló en su comunicado.  

Agregó que los peruanos deberíamos estar enfocados en reactivar nuestra economía y mejorar las condiciones de acceso a los distintos servicios públicos. “La agenda de trabajo para lograrlo está en manos de nuestras autoridades y esperamos propuestas que vayan en esa línea”, dijo. 

 
SNMPE 

Por su parte, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, aseveró que la nacionalización del proyecto Camisea sería inconstitucional y que además pone en grave riesgo la matriz energética del Perú. 

El representante gremial manifestó que se ha planteado una amenaza en torno a una de las inversiones más importantes de las últimas décadas que permitió al país cambiar su matriz energética.  

“Hay un contrato que ha sido suscrito por dos partes, Estado y Consorcio Camisea, que tiene que respetarse”, añadió. 

 
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(FIN) NDP/SDD/JJN


Publicado: 30/9/2021
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