El Gobierno declaró estado de emergencia por 60 días calendario en distritos de Ayacucho, Cusco, Junín y Piura, con el objetivo de enfrentar delitos como el tráfico ilícito de drogas y otras situaciones de criminalidad, con acciones a cargo de la Policía Nacional y apoyo de las Fuerzas Armadas.
Estado de emergencia en distritos de Ayacucho, Cusco y Junín
A través del
Decreto Supremo N° 029-2026-PCM
, se declaró el
estado de emergencia por 60 días en distritos de las provincias de La Mar (Ayacucho), La Convención (Cusco) y Satipo (Junín), para hacer frente a delitos como el
tráfico ilícito de drogas y otras situaciones de violencia.
La medida comprende los distritos de Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso (La Mar); Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea (La Convención); y Pangoa y Río Tambo (Satipo).
Durante el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y podrá restringirse temporalmente el ejercicio de algunos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión.
Sin embargo, el decreto excluye de esta medida algunos centros poblados y zonas estratégicas, como Puerto Ocopa y Quiteni en Junín, Kiteni en Cusco y las franjas territoriales del Eje Energético del Gas de Camisea y el Corredor Operacional Fluvial-Terrestre del Ene, que ya se encuentran bajo otras disposiciones de emergencia.
Estado de emergencia en Piura
En tanto, el
Decreto Supremo N° 030-2026-PCM
declaró
estado de emergencia por 60 días en diversos distritos y provincias del departamento de Piura, con el fin de
enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.
Esta medida abarca los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos (provincia de Piura), Sullana y Bellavista (provincia de Sullana), así como toda la provincia de Paita y la provincia de Talara.
Al igual que en el caso anterior, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, y se podrá restringir temporalmente el ejercicio de algunos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito y de reunión.
Además, se declaró en sesión permanente a los comités regionales y provinciales de seguridad ciudadana, y se conformarán comandos y comités operativos para coordinar patrullajes, operativos e inteligencia con el objetivo de reducir la criminalidad y fortalecer el control territorial.