El Poder Ejecutivo declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional, con el objetivo de reducir de manera acelerada las brechas existentes, ampliar y construir nuevos espacios educativos, fortalecer la planificación y gestión, y garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las inversiones.
La medida fue establecida mediante el
Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, y
responde a la existencia de una significativa brecha de infraestructura educativa, así como a deficiencias estructurales de gobernanza que dificultan su reducción.
El dispositivo señala que el estado de emergencia permitirá adoptar las acciones administrativas necesarias durante el proceso de reforma normativa y mejorar la eficiencia y eficacia de las intervenciones y proyectos de infraestructura educativa que se ejecutan bajo distintas modalidades.
Según los informes técnicos que sustentan la norma, también se identificó la necesidad de fortalecer el mantenimiento de los locales educativos, mejorar la sostenibilidad de las inversiones y optimizar la gestión de información sobre la infraestructura educativa pública a nivel nacional.
La declaratoria busca acelerar las acciones destinadas a disminuir el déficit existente mediante la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos, de acuerdo con las necesidades identificadas a nivel nacional.
Fortalecimiento de la planificación y gestión
Se plantea mejorar la planificación y la gestión de los proyectos e intervenciones de infraestructura educativa para elevar su eficiencia y eficacia.
Mantenimiento y sostenibilidad
La medida comprende acciones orientadas a asegurar el mantenimiento de la infraestructura educativa pública y la sostenibilidad de las inversiones realizadas.
Reforma de la gestión de la infraestructura educativa
El Ministerio de Educación (Minedu) deberá elaborar las normas necesarias para iniciar un proceso de mejora de la infraestructura educativa nacional
El Minedu deberá formular una propuesta normativa con rango legal para crear un sistema funcional de infraestructura educativa de alcance nacional, así como establecer un ente rector adscrito a dicho ministerio.
El Minedu contará con un plazo máximo de 30 días hábiles, desde la publicación del decreto supremo, para cumplir con la elaboración de las normas y la propuesta normativa encargadas.
La implementación de la declaratoria se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
La norma precisa que la declaratoria permitirá diferenciar las funciones de rectoría, planificación y formulación de políticas públicas que corresponden al Minedu, de aquellas relacionadas con la ejecución, supervisión técnica, fiscalización y asistencia especializada en infraestructura educativa.
El decreto supremo fue refrendado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y el ministro de Educación, José Chang Escobedo.
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Publicado: 27/8/2026