Según el Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, la banda criminal operaba bajo un sofisticado esquema que les permitía tomar control de inmuebles de alto valor pertenecientes a congregaciones religiosas, cofradías, propietarios fallecidos o radicados en el extranjero, así como predios con complejidad sucesoria o registral, muchos de ellos administrados por entidades públicas.
A través de la infiltración de funcionarios en distintas entidades del Estado, como el Archivo General de la Nación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Poder Judicial del Perú, notarías públicas e incluso empresas proveedoras de servicios, los investigados habrían construido una aparente legalidad de sus operaciones ilícitas.
Para lo cual, presuntamente recurrieron a la falsificación de escrituras públicas, minutas, poderes y expedientes judiciales, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas mediante inmuebles valorizados en más de 25 millones de dólares.
Operativo en 13 distritos de Lima, Ayacucho y La Libertad
El fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia, junto a 29 fiscales de crimen organizado, dirigieron el operativo que se realizó de manera simultánea en 13 distritos de Lima, Ayacucho y La Libertad. También participaron efectivos de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional del Perú.
Como parte de las diligencias, también se realizó la incautación con desposesión de inmuebles en 8 distritos, entre ellos una galería comercial ubicada en el Cercado de Lima, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Beneficencia de Lima.
Diligencias iniciaron tras dos homicidios
Según la Fiscalía, las investigaciones comenzaron tras el asesinato de dos personas en septiembre y octubre del 2024, en los que se identificó el uso de la misma arma de fuego para cometer el delito.
Se trata de Daniel Castillo, empresario de 56 años, quien fue asesinado a balazos la noche del 27 de septiembre de 2024 cuando se encontraba al interior de su vehículo en la avenida Camino Real, en San Isidro. Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el auto en medio del tráfico y uno de ellos disparó cuatro veces contra la víctima antes de huir del lugar.
El otro caso se trata del profesor Julio César Pacheco Pimentel, quien perdió la vida luego de recibir balazos en la puerta del colegio Julio C. Tello, en Ate, cuando se encontraba junto a un grupo de alumnos. Un sujeto que fingió ser trabajador del Poder Judicial lo interceptó en los exteriores del plantel, le disparó en al menos tres ocasiones antes de huir en una motocicleta junto a un cómplice.
A partir de estos casos, labores de inteligencia, investigación policial y diligencias fiscales, encontraron elementos que vincularía ambos crímenes con esta organización criminal.