Andina

Fiscal revela cómo operaba red criminal que cobraba por camas UCI

Destacó valentía de denunciante que grabó la comunicación con los investigados

Foto: ANDINA/Difusión.

06:25 | Lima, jul. 22.

En un megaoperativo conjunto, la Policía y el Ministerio Público capturaron ayer a nueve integrantes de la organización criminal Los Ángeles Negros, acusada de cobrar hasta 82,000 soles a los familiares de pacientes covid por una cama UCI en el hospital Guillermo Almenara de EsSalud. Conoce cómo operaban.

Reynaldo Abia, fiscal anticorrupción a cargo del caso, informó a los periodistas que la investigación se inició en marzo de este año cuando llegó a su despacho una persona que denunció que estaban "vendiendo" camas UCI en el Almenara. Pese a la falta de pruebas, su oficina comenzó las indagaciones entre el personal del nosocomio.


Cuando estaban en medio de estas indagaciones, dijo Abia, llegó un segundo caso a través de los canales de denuncia habilitados por EsSalud, luego de lo cual se investiga de manera reservada y se entrevista a las autoridades del Seguro Social.

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Momento de la detención de uno de los detenidos. Foto: Ministerio Público

En este segundo caso había más evidencia. Nosotros tenemos que saludar a un valiente ciudadano que logra grabar a las personas (que le ofrecían la cama UCI) a través de las comunicaciones que sostenía por el WhatsApp”, aseveró.

Relató que el denunciante estaba desesperado, buscando una cama UCI para su hermano que tenía covid-19, cuando fue captado, fuera del nosocomio, por malos elementos que le ofrecían atender a su familiar a cambio del pago de 82,000 soles.

“Inicialmente le habían pedido 85,000 soles y finalmente le rebajan a 82,000 soles. Obviamente cualquiera no tiene 82,000 soles, razón por la cual ha hecho el pago de manera fraccionada”, señaló.

La víctima denunció a dos personas sin saber que detrás de este caso de corrupción estaban comprometidos otros más, llegando incluso hasta personal administrativo del hospital Almenara. “A raíz de esta denuncia se hace un trabajo de inteligencia, de video vigilancia y seguimiento para poderlos identificar”.


Ante la desconfianza, el denunciante les dijo a las personas que le ofrecían la cama UCI que no les iba a dar el dinero en la mano porque podría estafarlo. “Por ello bancarizan la entrega del dinero. Pero, para ello, estas personas que actúan de manera ilícita involucran a sus familiares directos, a sus hijos, esposos, para que les puedan depositar (el dinero)”, relató el fiscal.

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Fueron cuatro inmuebles intervenidos por autoridades. Foto: PNP

Añadió que, a partir de esta bancarización, se empezó a rastrear los pagos que iba haciendo el denunciante.

Calificó de valioso el apoyo brindado para esta investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a través de la cual se pudo hacer un seguimiento del recorrido del dinero.

“Empezamos a encontrar a las personas, uno por uno, y ahí empezamos a vincular quiénes eran. Se trata de sus familiares, sus hijos, sus esposos. Lamentablemente, los han involucrado”, subrayó.

El representante del Ministerio Público explicó que esta organización operaba de manera ilícita desde la parte externa del nosocomio, a través de estos intermediarios, hacia adentro del hospital, donde estarían involucrados personal médico y administrativo.

“Según las conversaciones que tenemos, los hechos revelan que les decían que 'tenían amigos médicos y personal administrativo que lo van a ayudar' a cambio de una cantidad de dinero”, relató.

Como parte de la estrategia que tenían para operar, los integrantes de esta organización criminal le enviaban al familiar del paciente fotografías del interior del nosocomio donde era atendido su ser querido para tranquilizarlo.

“Adicionalmente a esta situación, estas personas habían hecho ingresar, de manera irregular, un ventilador mecánico y una cánula de alto flujo, casi ya en la última fase de la enfermedad del paciente”, manifestó.

Delitos y penas 


Abia indicó que la organización ilícita es investigada por el delito de tráfico de influencias y, de ser hallada culpable, podrían recibir una pena de cárcel de entre 4 a 6 años, de acuerdo a la establecido en el Código Penal.

“Y si ellos son funcionarios públicos hay un agravante, se incrementa la pena. Además, está el delito de cohecho activo, que tiene una pena no menor de 4 años”, anotó.

Explicó, sin embargo, que la Fiscalía pedirá que las penas se sumen a fin de que estos funcionarios públicos reciban una condena de hasta 8 años de cárcel, dado que los delitos de corrupción de funcionarios son gravísimos. "Atentan contra el funcionamiento de la administración pública y eso quedará claro tras corroborar todos los hechos que se están imputando”.

Hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de ilícitos y a tener confianza en los operadores de justicia para combatir la corrupción. “No tengan temor. Nosotros los fiscales conocemos todos los mecanismos, incluso, para reservar la identidad”.

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114 policías y 10 fiscales participaron en este megaoperativo. Foto: PNP

Por su parte, el coronel PNP Arturo Valverde, jefe de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, detalló que Sebastián Bazalar Aróstegui, uno de los detenidos, compartió el dinero a otros presuntos miembros de la organización: Nery Ochoa Menacho y Pedro Pino Gonzales, del área administrativa del Almenara.

Sin embargo, tal como ocurrió con la captadora, en este caso el dinero no fue depositado directamente a las cuentas de los funcionarios, sino a las de sus hijos.

El alto mando indicó que la participación de médicos y personal de salud en la organización está en investigación.

Valverde aseguró que, hasta el momento, no se tienen denuncias de casos similares en otros hospitales del país; pero exhortó a la ciudadanía a denunciar si se presentan este tipo de solicitudes de dinero a cambio de camas UCI.


La operación, realizada en la madrugada del martes 21 en distintas viviendas de La Molina, Breña, Magdalena y San Miguel, contó con la participación de 114 policías y 10 fiscales, además de personal de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior (Mininter).

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Publicado: 22/7/2021
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