El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, consideró que el Congreso de la República debe volver a comenzar el proceso de reforma política y así corregir el error en que incurrió al aprobar “un arroz con mango” en el tema de la inmunidad parlamentaria y el retiro de las prerrogativas a los altos funcionarios.
“Hay que recomenzar, hay que volver a dialogar, conversar, sobre los alcances y contenidos de la reforma. Se debe diseñar nuevamente otra propuesta, no esta, e iniciar el camino de una nueva reforma”, afirmó.
En declaraciones a la Agencia Andina, sostuvo que tal vez bajo este nuevo proceso no se aplique de manera inmediata, aunque sí es necesaria.
“No en los términos en los que el Parlamento las aprobó en primera legislatura, pues se generaría un grave daño si se ratifica en la segunda [que empezó el lunes último]”, advirtió.
García Toma expresó la conveniencia de que, “además de la condición de la penitencia del reconocimiento de culpa”, se debe volver a convocar a todas las personas que puedan aportar en el tema y elaborar nuevos proyectos de ley mucho más técnicos.
“También pedirles a los congresistas que cuando los nuevos dictámenes estén hechos sean muy prudentes, muy sensatos, muy reflexivos en su decisión. Es decir, voten sabiendo hacia dónde va la reforma”, aseveró.
Respuesta desmedida
García Toma opinó que
la respuesta de los legisladores al discurso del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, el último domingo, “fue desmedida, arbitraria, torpe, pero además hasta podríamos decir ignara”.
“Muchos de los parlamentarios que votaron ese día no tenían clara la distinción, por ejemplo, entre lo que es la inmunidad, lo que es el impedimento para acusar, lo que es un antejuicio político. Hicieron un arroz con mango”, recalcó.
Para el expresidente del TC, lo único que cabe ahora es aceptar que hubo una equivocación y que no se debe proseguir con la reforma en los términos en que ha sido aprobada en la primera legislatura. “Eso es inviable”.
“Porque en el caso de que sea aprobada, más allá de los efectos inmediatos que genere, antes de que finalmente sea expulsada del ordenamiento jurídico por el TC, pasarán algunos meses y durante ese tiempo se originará un grado de desprotección a los altos funcionarios”, alertó.
Estos servidores, explicó, tienen la garantía del antejuicio, la limitación para la acusación, como una forma de poder ejercer cabal, con autonomía e independencia sus funciones.
“Ellos quedarían a merced de grupos políticos, económicos, que podrían infringir un daño a una autoridad por tratar de hacer bien su labor. En el marco de un Poder Judicial y un Ministerio Público que no brindan garantía de seguridad esto es sumamente peligroso”, puntualizó.
(FIN) PBQ/CVC
Publicado: 12/7/2020