En audiencia pública la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), abordó las medidas provisionales y la solicitud de ampliación efectuada en torno a la ley de amnistía que favorece a policías, militares y miembros de comités de autodefensa denunciados, acusados o procesados por violaciones de derechos humanos cometidas en 1980-2000, en el contexto del conflicto armado interno.
Participaron por la defensa del Estado peruano Ángel Delgado, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso; Manuel Peña, procurador público del Parlamento Nacional, y los agentes Jorge Cáceres y César Pastor.
A su turno, Ángel Delgado sostuvo que llega ante la corte en representación de las más de las 60,000 víctimas que causó el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA en Perú.
“Estamos expresando el sentimiento de un importante sector del país que quiere dejar atrás esta página horrorosa en la vida nacional y garantizar que se haga justicia a plenitud”, expresó Delgado ante la Corte IDH.
Agregó que la intención es defender al Estado peruano y a sus instituciones, defender a los congresistas que tuvieron la iniciativa de presentar la ley y a quienes finalmente la ratificaron en una Comisión Permanente la norma.
En este sentido recordó que los jueces no pueden adelantar opinión por lo que solicitó a la Corte IDH no adopte la ampliación de las medidas provisionales, que cumpla con dejar que actúe la jurisdicción interna como dice la convención y todos los textos internacionales y que se reserve para el debate de fondo que se tendrá una vez que la vía interna se haya agotado.
A su turno, el agente del Estado César Pastor indicó que no se puede admitir lo que supone el escrutinio eterno de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y los comités de autodefensa tuvieron que organizarse para defenderse de las hordas terroristas muchos de los cuales ya han muerto sin recibir una sentencia absolutoria, ya que no se puede someter a ningún ciudadano peruano a un juicio que dure 20 o 30 años.
“Los representantes de las víctimas son ciudadanos del Estado peruano, pero también lo son los policías y militares, así como los ronderos de los comités de autodefensa”, dijo.
Recordó que la justicia peruana ya ha determinado que La Cantuta y Barrios Altos son hechos delictivos por lo que ya se ha condenado a 25 personas por estos crímenes repudiables.
(FIN) NDP/JCC
GRM
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Publicado: 22/8/2025