Durante el II Foro de Informalidad “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), especialistas nacionales e internacionales advirtieron que la informalidad se ha convertido en una amenaza estructural para la competitividad y el desarrollo del país, informó la institución.
La presidenta de la Comisión organizadora, Marisol León, señaló que la informalidad es hoy una trampa de baja productividad que ya no puede interpretarse como “emprendimiento”, sino como pobreza productiva institucionalizada. “Debemos desromantizar esta narrativa que nos ha hecho tolerar lo intolerable”, subrayó.
Según cifras oficiales, el 71% de la población ocupada trabaja en condiciones informales, mayormente en actividades de subsistencia sin acceso a crédito, tecnología ni protección social. Estos trabajadores presentan niveles de productividad entre seis y once veces menores a los del sector formal, lo que perpetúa la desigualdad y limita el crecimiento económico.
León indicó que uno de los segmentos más afectados es el comercio, que concentra el 33% de los negocios informales y registra una incidencia superior al 86%. Añadió que 8.2 millones de unidades productivas operan en la informalidad —5.5 millones no agropecuarias— y que más del 52% son conducidas por mujeres.
Asimismo, explicó que iniciar un negocio formal puede tomar hasta 71 días y exigir entre 500 y 1,500 soles en trámites, lo que equivale entre el 20% y 30% del capital inicial de un emprendedor. A ello se suman más de 380 horas anuales para cumplir con obligaciones administrativas. “Si queremos un país más formal, debemos rediseñar las reglas pensando en el comercio, con trámites simples, rápidos y proporcionales al tamaño del negocio”, añadió.
Avance del oro ilegal
El foro también alertó sobre el incremento de envíos de oro ilegal al exterior, lo que convierte al Perú en el principal exportador informal de Sudamérica con una participación del 44%. Se estimó que en 2025 las exportaciones sin trazabilidad podrían bordear los 12,000 millones de dólares, monto similar al total de envíos formales del metal.
Los expertos señalaron que esta actividad criminal involucra contrabando, lavado de activos, evasión fiscal y captura territorial, y que fluye sin control hacia mercados como Dubái, Suiza, India y Estados Unidos debido a la falta de un sistema robusto de trazabilidad. Esta situación provoca una pérdida fiscal superior a 7,500 millones de soles al año.
También cuestionaron la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al indicar que solo el 2% de los 8,000 inscritos logró formalizarse y que el mecanismo se ha convertido en un “salvoconducto” que limita las intervenciones contra operadores ilegales. En ese sentido, plantearon eliminarlo y retomar una ley específica para la pequeña minería y la minería artesanal.
Impacto ambiental y formalización
El foro destacó además el grave impacto ambiental de la minería ilegal. Solo en Madre de Dios se han perdido más de 30,000 hectáreas de bosque primario en tres años, y regiones como Loreto, Ucayali y Huánuco enfrentan escenarios similares de degradación y afectación a comunidades locales.
En contraste, señalaron que la minería formal aporta el 9 % del PBI, genera más de 238,000 empleos formales y transfirió más de 8,000 millones de soles en canon y regalías en el último año, aunque enfrenta invasiones, extorsiones y paralización de proyectos por falta de control territorial.
El evento concluyó con un llamado a cerrar brechas regulatorias, reformar el REINFO, implementar trazabilidad obligatoria para el oro y simplificar la formalización empresarial. “El Perú no puede seguir siendo dos países: uno que cumple la ley y otro que opera al margen de ella”, afirmaron los especialistas.