11:15 | San José, feb. 04.
El representante permanente del Perú ante la OEA, Juan Jiménez, descartó hoy que en la operación Chavín de Huántar se produjera una ejecución extrajudicial de terroristas y señaló que el propósito de esa acción militar fue salvar la vida de los rehenes.
Señaló que durante la audiencia del caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la defensa del Estado peruano fijó una posición muy sólida para explicar en esa operación se respetaron los estándares internacionales.
“Hemos tratado de convencer a la Corte de que este fue un operativo militar exitoso (…) Que no existió una política de arrasar con las huestes terroristas, sino de controlar la residencia, el orden público y salvar la vida de los rehenes”, manifestó en RPP.
La citada operación militar se realizó en abril de 1997 para rescatar a las personas secuestradas por un comando del terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en la residencia del entonces embajador de Japón, Morihisa Aoki.
Producto del enfrentamiento, fallecieron todos los subversivos.
Jiménez refirió que otro alegato expresado en la Corte IDH es que nunca existió un patrón sistemático para abatir a los terroristas, como señala la parte denunciante, y que se trató más bien de “un combate” con armas de fuego, que permitió recuperar el inmueble y rescatar a los rehenes secuestrados.
A su criterio, el solo hecho de tomar rehenes constituye una situación que viola cualquier norma internacional de protección a los derechos humanos y pone de manifiesto un acto terrorista.
Sostuvo, además, que Perú seguirá estableciendo una
férrea defensa ante la CIDH por el caso del rescate de rehenes en la operación militar denominada Chavín de Huántar.
Remarcó que su misión ante el organismo supranacional es diseñar un buen esquema de defensa para el Estado peruano y poner fin a “las malas defensas del Perú”, que han generado que se pierdan muchas causas ante el mencionado tribunal.
“Lastimosamente se ha tenido un estándar muy deficiente”, expresó Jiménez Mayor, al señalar que, si bien la Procuraduría Pública que ejerce la defensa jurídica del Estado está realizando un gran trabajo, es necesario repotenciar al equipo y articularlo desde Washington.
Jiménez explicó que el caso Chavín de Huántar fue llevado a la Corte cuando la controversia todavía estaba siendo discutida en el Poder Judicial del Perú, lo que generaba la inconsistencia de tener un mismo caso abierto en una instancia interna y en otra internacional.
“Esto generó un problema porque la sentencia de la Corte Suprema peruana se emitió en el 2013, cuando el caso ya estaba en la jurisdicción de la Corte (…) Tienen que dejarnos trabajar, que las instancias internas funcionen y que el sistema internacional sea subsidiario”, puntualizó.
Se espera que la citada instancia internacional, presidida por un magistrado colombiano, emita su sentencia por este caso entre julio y agosto de este año, acotó.
(FIN) MVF/GCO
Publicado: 4/2/2014