El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de resolución legislativa para aprobar la ‘Convención Multilateral para implementar medidas relacionadas con los Tratados Tributarios para Prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios’.
Dicho documento fue desarrollado en 2016 en Francia. Perú lo firmó en junio del año 2018, dejando constancia de diversas reservas y notificaciones.
De igual modo, el Estado Peruano pidió que la referida convención cubra también diversos convenios bilaterales suscritos con diversos países, referidos a evitar la doble tributación prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio.
Estos fueron firmados con Brasil, Canadá, Chile, Corea, México, Portugal y Suiza.
En el proyecto de resolución legislativa enviado al Parlamento se indica que Perú se reserva el derecho de no aplicar en su totalidad diversos artículos de esta convención y se expresan reservas y notificaciones.
Sustento internacional
La adopción de la referida convención se enmarca en la perspectiva que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene respecto a la erosión de las bases imponibles y del traslado de beneficios.
Según dicha entidad, estos mecanismos responden a “la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales con el fin de hacer ‘desaparecer’ beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real”.
Para la OCDE las empresas multinacionales explotan los desajustes que se dan entre los sistemas fiscales de los distintos países, afectando a estos. Por ello considera que “los gobiernos deben actuar conjuntamente para combatir el problema”, recuperando con ello la confianza en los sistemas impositivos o tributarios nacionales e internacionales.
Las prácticas descritas generan “efectos perjudiciales para todos”, como el de una baja en la recaudación fiscal por concepto de impuestos sobre sociedades que oscila entre 4% y 10%; recursos que “podrían destinarse a educación, asistencia, sanitaria, infraestructura y pensiones”.
(FIN) FGM
Más en Andina:
Publicado: 10/9/2022