El proyecto de ley que sanciona el cohecho internacional constituye la "puerta de ingreso" del Perú al grupo antisoborno de la OCDE, y a este organismo, aseguró hoy el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, quien expresó su confianza en su pronta aprobación.
Explicó que este proyecto de ley, que sanciona a las empresas implicadas en actos de corrupción, fue aprobado por unanimidad en este grupo de trabajo y cuenta también con la opinión favorable de la Comisión de Descentralización.
"Está en la agenda del Pleno, la última palabra la tiene el presidente del Congreso, que pone en debate los temas de la agenda. Confío en que se ponga en discusión y en que será aprobado", declaró a la Agencia Andina.
El presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN),
Pablo Sánchez, pidió al Congreso aprobar en su sesión plenaria de mañana, el proyecto de ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas por el delito de cohecho internacional, requisito para ingresar al grupo anticorrupción de la OCDE.
Al respecto, Eguren sostuvo que el Perú es observador en este grupo y tiene el objetivo de ingresar como miembro pleno. Recordó que el compromiso del país es aprobarlo hasta el mes de marzo, de lo contrario, el Perú tendría que esperar un año más para postular a la OCDE.
Consideró que si bien la corrupción es un problema transversal, esta norma es importante en particular porque permite al país ser miembro del grupo de trabajo
anticorrupción de la OCDE, un organismo multilateral donde están los países más desarrollados.
"Su importancia es que aporta a la imagen del país, a la institucionalidad y nos califica para mantener y mejorar la calificación como país elegible de inversiones y disminuye el riego país", explicó.
"No solo apuntala nuestro ingreso al grupo de trabajo, sino que es un requisito, es la primera puerta de acceso al grupo anticorrupción", añadió.
El parlamentario indicó que la mayor parte de los gremios empresariales están de acuerdo con esta norma que sanciona a las
empresa implicadas en corrupción, aunque hay también preocupación comprensible, porque la Fiscalía y el Poder Judicial no son instituciones confiables.
"Podría ser un tema riesgoso pero es un riesgo que vale la pena tomar como país. No hay que tener miedo al cambio, si otros países han dado este paso y han tomado esta decisión, no veo por qué no tomar ese riesgo", dijo.
(FIN) FHG/CCR
Publicado: 16/3/2016