La diputada Norma Yarrow Lumbreras, de la bancada de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que propone establecer controles de edad antes de la compra y al momento de la entrega de bebidas alcohólicas adquiridas por medios digitales.
La iniciativa plantea modificar la Ley 28681, que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, para incorporar expresamente las ventas por comercio electrónico, páginas web, aplicaciones móviles, redes sociales y servicios de entrega a domicilio.
El
Proyecto de Ley 00732/2026-CR establece que los proveedores y las plataformas digitales deberán implementar
mecanismos razonables para verificar que el comprador sea mayor de 18 años antes de completar la transacción. Además deberán mostrar advertencias visibles sobre la prohibición de vender alcohol a menores de edad.
El segundo control se realizaría durante la entrega del producto. Para ello, el personal de reparto deberá verificar la identidad y mayoría de edad de quien recibe el pedido. Si no se acredita que es mayor de edad o el destinatario es un menor, la entrega deberá cancelarse. Asimismo, se plantea capacitar obligatoriamente al personal encargado del delivery a fin de que cumpla con estas disposiciones.
En ese sentido, tanto los proveedores de bebidas alcohólicas como las plataformas intermediarias asumirían responsabilidad dentro del ámbito de sus competencias. El incumplimiento generaría sanciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.
Exposición de motivos
Como sustentación, se advierte sobre el consumo de alcohol entre escolares y las dificultades para fiscalizar las ventas a distancia, en las que no necesariamente existe contacto presencial entre el vendedor y el comprador.
Según el Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria 2024, de Devida, el 36.4% de escolares declaró haber consumido alcohol alguna vez. Además, el Ministerio de Salud registró 6,073 atenciones médicas a adolescentes por trastornos vinculados al consumo de esta sustancia durante 2024.
La
propuesta también señala que la Ley 28681 fue promulgada antes del crecimiento del comercio electrónico, por lo que considera necesario adecuar sus disposiciones a las nuevas modalidades de compra y entrega.
De esta manera, la fiscalización estaría a cargo del Minsa, Produce, el Indecopi y los gobiernos locales, dentro de sus respectivas competencias.
Por último, el proyecto señala que no se requerirían recursos adicionales del Tesoro Público ni se crearían nuevas instituciones. Para los comercios y plataformas digitales, los principales ajustes estarían relacionados con la implementación de mecanismos de verificación y la capacitación del personal de reparto.
Más en Andina:
Publicado: 4/11/2026