La Contraloría General identificó un perjuicio económico de 3 millones 484,585 soles en el Hospital San Juan de Lurigancho debido a que recursos asignados a la atención médica de pacientes y compra de insumos médicos, fueron destinados a otorgar tarjetas de consumo a cerca de mil trabajadores.
Ocho funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa en estos hechos ocurridos en el 2019 y 2020, según el Informe de Control Específico N°016-2021-2-5531.
De acuerdo al informe, la primera irregularidad se produjo cuando funcionarios y servidores públicos del hospital modificaron el presupuesto asignado de la entidad, afectando o limitando la atención de pacientes de las diferentes especialidades médicas, para disponer de 1 millón 931, 446 soles.
Este monto fue empleado para entregarle incentivos económicos a 933 trabajadores que, según la institución, requerían un soporte nutricional para prevenir enfermedades ocupacionales.
Como el beneficio económico no estaba presupuestado, los responsables de la administración de recursos “anularon” algunos gastos que tenían presupuesto asignado, como la compra de medicamentos, instrumental médico y artículos de aseo y limpieza.
Estos materiales estaban destinados a la atención exclusiva de pacientes con tuberculosis, VIH/SIDA, salud materno neonatal, salud mental, entre otros.
También, anularon gastos orientados a asegurar la alimentación adecuada para enfermos, atención en casos de violencia familiar o sexual, atención en consultas (externas, emergencias, urgencias), asistencia en medicina física y rehabilitación, entre otros.
De esta forma, el Hospital San Juan de Lurigancho contó con recursos disponibles para la partida “alimentos y bebidas para consumo humano” y dispuso realizar la adquisición de tarjetas electrónicas de soporte nutricional que fueron entregadas a los 933 trabajadores, las cuales se recargaron mensualmente con S/ 250.
Uso de tarjetas electrónicas
La segunda irregularidad se produjo en la recepción y uso de las tarjetas electrónicas, la aprobación de un adicional y la suscripción de un contrato complementario, lo cual ocasionó el quebrantamiento de la finalidad púbica de la contratación, y generó un perjuicio económico de 1 millón 553,139 soles a la entidad.
Según el contrato suscrito entre el hospital y una empresa de supermercados, el monto de las tarjetas de soporte nutricional, ascendente a un total de 2 millones 729,025 de soles, debía ser utilizado para el consumo de alimentos.
Sin embargo, se ha evidenciado que los trabajadores utilizaron las tarjetas para comprar alimentos por 1 millón 585,050 soles (58%) y utilizaron 1 millón 144,659 soles (42%) para la adquisición de artefactos electrodomésticos, textil, hogar, entre otros.
Posteriormente, se aprobó una prestación adicional de la adquisición de tarjetas electrónicas sin sustentar adecuadamente los motivos excepcionales, suscribiéndose la primera adenda al contrato, donde se gastó 218,395 soles.
Luego, se suscribió un contrato complementario por 623,922 soles. En ambos casos, los trabajadores optaron por comprar 60% del monto total en alimentos y el restante en otro tipo de productos.
Además, se evidenciaron irregularidades en la ejecución de un contrato debido a que la entidad recibió 106 tarjetas electrónicas en blanco, por un importe de 70,750 soles, las cuales no consignaban el nombre ni DNI del beneficiario y fueron utilizadas para beneficiar a terceros, mediante la entrega de canastas navideñas, almuerzos, celebración por el día de la madre y de la mujer, entre otros.
Las tarjetas electrónicas no cumplieron con la finalidad de dar un soporte nutricional para prevenir enfermedades ocupacionales a los trabajadores, pues no fueron utilizadas en su totalidad para la compra de alimentos perecibles y no perecibles. Lo que lesionó el correcto funcionamiento de la administración pública.
El informe de control fue comunicado al Director General de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima – Centro a fin de que realice las acciones para el deslinde de las responsabilidades que correspondan a los ocho funcionarios y servidores públicos del Hospital San Juan de Lurigancho comprendidos en los hechos irregulares.
También se comunicó al Procurador Público del Ministerio de Salud a fin de que inicie las acciones legales a tres de ellos que tendrían presunta responsabilidad penal.
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(FIN) NDP/ SMS
JRA
Publicado: 30/11/2021