Hoy, en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de que el Estado fortalezca los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres en todo su ciclo de vida y en su diversidad.
Ello, tras identificar algunas falencias durante una última supervisión institucional a los servicios de planificación familiar de 94 establecimientos de salud y 396 usuarias entrevistadas, en 11 regiones del Perú.
“Nueve usuarias entrevistadas manifestaron que, para acceder a métodos anticonceptivos, su pareja debía estar presente. Otras 22 no accedieron a métodos anticonceptivos, refiriendo que no había disponibilidad en el centro de salud o no se los recomendaron cuando acudieron a los servicios”, explicó la adjunta para los Derechos de la Mujer, Diana Portal.
La representante de la Defensoría del Pueblo añadió que 66 usuarias manifestaron que la calidad del servicio era regular, puesto que no se les brindó orientación o consejería sobre salud sexual y reproductiva, sintiéndose incómodas con comentarios realizados por personal de salud, además que las atendieron muy rápido.
Asimismo, en una supervisión relacionada con la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia contra las Mujeres se identificó que en las 3 zonas piloto (Abancay, San Martín y Cusco) los servicios de consejería de planificación familiar tienen como principal público usuario, a las mujeres, debiendo involucrar también a sus pares varones.
Además, si bien se trabaja en alianza con centros educativos, en donde se da la oportunidad de interrelacionar con los contenidos vinculados con la educación sexual integral, no se aprecia que haya sido parte de la planificación temática, además de la de gestión del servicio.
Por ello, la Defensoría del Pueblo recuerda que la salud sexual está directamente relacionada al pleno disfrute de los derechos humanos, por lo que su ejercicio debe ser de manera saludable, informada, responsable, libre de violencia y discriminación.
“El Estado en cumplimiento con los estándares internacionales y nacionales tiene el deber de garantizar el derecho a la salud sexual de todas las personas. Ello implica que accedan a servicios sanitarios de calidad, en los que se brinde información clara y oportuna sobre planificación familiar; prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/Sida”, subrayó Portal.
Asimismo, indicó que el Estado está obligado a garantizar una educación sexual integral como parte del derecho a la educación y promover la igualdad de género creando entornos de aprendizajes seguros e inclusivos, como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
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