La Defensoría del Pueblo requirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) garantizar los derechos de los grupos considerados de especial atención por su condición de vulnerabilidad, entre los que figuran las personas con discapacidad y poblaciones indígenas, durante la jornada electoral de este 11 de abril
Con respecto a las personas con discapacidad, se solicitó al organismo electoral adoptar las acciones necesarias en lo referido a las medidas de accesibilidad que deben disponerse en los locales de votación, de modo tal que esta población pueda ejercer su derecho ciudadano al voto en igualdad de condiciones.
Ausencia de rampas
Según se informó, como resultado de distintas supervisiones se ha podido advertir que muchas de las instituciones educativas son inaccesibles debido a la ausencia de rampas, así como a la falta de condiciones adecuadas en baños y pasadizos, lo que ocasiona que solo el 0.7 % de los planteles que serán utilizados como locales de votación sea accesible.
De otro lado, la ONPE informó que se han dispuesto 13 425 mesas especiales para 356 007 electoras y electores con discapacidad. Dicha cifra se obtuvo a partir del registro de las personas con discapacidad en su página web, en el registro del Conadis o en la base de datos del Reniec.
Sin embargo, debe recordarse que el censo del 2017 arrojó que en ese año en nuestro país habitaban 2 613 926 personas con discapacidad que ya tenían 18 o más años, por lo que se deduce que el número actual de personas mayores de edad supera ampliamente dicha cifra. En ese sentido, la instalación de mesas especiales de votación para las personas con discapacidad es una medida necesaria, pero no la única a implementar.
Mesas en el primer piso
Para la jefa del Programa de Promoción y Defensa de los Derechos de la Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda, es importante instalar mesas de votación en el primer piso, cercanas a los ingresos de los centros de votación y que se mantenga la atención preferente más allá de los horarios establecidos para personas con discapacidad, considerando las barreras en el acceso al transporte y movilización.
De otro lado, señaló que se debe contemplar la colocación de rampas, la implementación de material en sistema Braille y permitir que las personas con discapacidad sean acompañadas a la cámara secreta por una persona de su confianza.
Además, la representante de la Defensoría del Pueblo remarcó que la ONPE debe instruir claramente a su personal y a los miembros de mesa para que cumplan con garantizar el ejercicio del derecho al voto de todas las personas con discapacidad, incluyendo aquellas con discapacidad intelectual y psicosocial o mental.
Poblaciones indígenas
Otro aspecto que preocupa a la Defensoría del Pueblo es el referido a los pueblos indígenas. Al respecto, en los procesos electorales que se han llevado a cabo en los últimos años, se ha observado situaciones que afectan el adecuado ejercicio del derecho a la participación política de este sector.
El 2018, en las elecciones regionales y municipales, por ejemplo, las comunidades indígenas más alejadas estuvieron limitadas de ejercer su derecho al voto debido a las condiciones geográficas, la lejanía, los altos costos de viaje y la escasez de medios de transporte, lo que podría repetirse y agravarse en un contexto de pandemia como el que vivimos. De otro lado, reubicación de las mesas de sufragio es un factor que podría condicionar fuertemente el desplazamiento de los ciudadanos indígenas para emitir sus votos.
En el informe Elecciones Generales 2021 – Aportes de la Defensoría del Pueblo al proceso electoral, la Defensoría del Pueblo recomienda también a la ONPE contar con personal bilingüe en los centros de votación donde concurra la población indígena, a fin de que puedan orientar a la ciudadanía respecto a la ubicación de sus mesas, el procedimiento para votar y protocolos sanitarios, entre otros aspectos.
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(FIN) NDP/KGR
Publicado: 9/4/2021