La Defensoría del Pueblo informó que, al mes de julio, el país acumuló un total de 199 conflictos sociales, de los cuales 150 tenían la condición de activos y 49 se encontraban como latentes.
Así se dio a conocer a través del
Reporte de Conflictos Sociales 257, en el cual se revela además que
89 de los conflictos activos se mantienen en fase de diálogo, 25 en desescalamiento, 21 en fase temprana y 15, en condición de escalamiento.
Otro dato importante que se revela en el reporte es que en el mes anterior se registraron ocho conflictos nuevos en Áncash, Ayacucho, Junín, Lima Metropolitana y Tumbes.
En el caso de la capital, estos estuvieron vinculados a las protestas por la falta de medicinas en el hospital José Augusto Tello, en Chosica; y a las demandas de la Confederación Nacional de Mototaxis.
Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto continúa concentrando la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Puno (19) y Cusco (17).
En cuanto a la tipología, los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos, con el 50.3 %. Además, los conflictos vinculados a la minería representan el 30.2 % del total de conflictos sociales reportados. De otro lado, se informó que, del total de casos en fase de diálogo, el 68.5 % corresponden a aspectos socioambientales. De ellos, dos corresponden a la región Tumbes y se refieren a las demandas de descontaminación del río Tumbes frente a la presencia de relaves mineros, así como al pedido de cambio de director del Hospital Regional II-2 JAMO.
La Defensoría del Pueblo, de acuerdo a su rol de prevención y gestión de conflictos sociales, continúa supervisando el cumplimiento de los compromisos que son asumidos en los diferentes procesos de diálogo, ya sea por parte de la población como de las instituciones públicas y sector privado.
Balance 2023 – 2025
La Defensoría del Pueblo también presentó el balance de los conflictos sociales reportados durante los primeros siete meses de 2025, en el que se acumularon 225 casos. Esta cifra fue menor a la reportada en el mismo periodo del 2024 (251) y del 2023 (239). Para la institución, esta disminución refleja una leve tendencia a la baja, aunque todavía se mantiene un nivel elevado de conflictividad que requiere atención prioritaria.
Otro aspecto importante son los conflictos resueltos, que llegaron a 11 en el 2025 debido a factores como el diálogo que impulsa la Defensoría del Pueblo. Los conflictos socioambientales continúan como los más frecuentes, aunque con una tendencia también decreciente. Además, regiones como Loreto, Puno, Cusco, Áncash y Apurímac concentran el 47.2 % de los conflictos del país.
(FIN) NDP/RMCH /CVC
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Publicado: 28/8/2025