La Corte Superior del Callao inauguró el Juzgado Permanente en Extinción de Dominio con el propósito de atacar la base económica del crimen organizado y el enriquecimiento ilícito, y así recuperar los bienes provenientes del narcotráfico, sicariato, trata de personas, minería ilegal, la corrupción u otros delitos.
El juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial, afirmó que su finalidad es proteger el orden público, la moral social y el patrimonio del Estado, enfrentando con firmeza a las organizaciones criminales y sus beneficiarios.
Expresó que los delincuentes utilizan a otras personas para poner a su nombre propiedades y bienes de origen ilegal, y añadió que cada centavo recuperado o bien extinguido es una bala menos y una vida más.
“Los activos recuperados equivalen a construir más escuelas, más carreteras, más obras de bien social, y es nuestra tarea lograr este objetivo”, recalcó el juez supremo.
El magistrado destacó también el trabajo de la Policía Nacional, la Procuraduría y las fiscalías especializadas en extinción de dominio, en la lucha contra el crimen organizado.
Asimismo, exhortó a la magistrada del referido juzgado Janet Marisol Cachay Silva a continuar dando buenos resultados y ejerciendo de manera responsable su labor jurisdiccional.
En tanto, el presidente de la Corte del Callao, Miguel Ricardo Castañeda Moya, informó que este juzgado logró recuperar en favor del Estado 22 millones 461 mil 500.65 soles durante el año 2025, ocupando el primer puesto a nivel nacional.
La competencia de este órgano jurisdiccional comprende a los distritos judiciales del Callao, Puente Piedra-Ventanilla y Huaura donde la mayoría de los casos son por minería ilegal.
En este acto, participaron el director de Defensa Pública del Callao, Pedro Fuentes Sotelo; el decano del Colegio de Abogados, Luis Mitta Curay; la decana del Colegio de Periodistas del primer puerto, Flor Mendoza Hernández.
También estuvieron presentes los representantes de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional, así como juezas, jueces y fiscales, así como personal jurisdiccional y administrativos, y funcionarios judiciales.
El proceso de extinción de dominio se enfoca en perseguir los bienes de procedencia o destino ilícito, más no en determinar la responsabilidad penal del titular o propietario.
(FIN) NDP/RMCH/CVC
JRA
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Publicado: 13/11/2025