La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente su informe final sobre la denuncia constitucional contra el excongresista César Combina por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
Se trata de la Denuncia Constitucional 484 interpuesta por Juan Carlos Villena Campana, en su condición de fiscal de la Nación.
Al exlegislador de Alianza Para el Progreso se le imputa presuntos cobros a alcaldes a cambio de vincularlos en los proyectos de la Ley de Presupuesto Público del 2021.
La Comisión Permanente también otorgó 15 días hábiles de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente su informe final sobre las siguientes denuncias constitucionales:
Denuncia Constitucional 491, interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, y el exmiembro de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila Herrera. Se les imputa haber negociado para designar irregularmente a Patricia Benavides como fiscal suprema.
Denuncia Constitucional 529, presentada por el ciudadano Manuel Loyola Florián contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Antonio De La Haza Barrantes, Inés Tello, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, María Zavala y Guillermo Thornberry por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
Denuncia Constitucional 537, interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra Víctor Ticona, en su actuación como juez supremo titular y presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en calidad de presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravada. Se le imputa intercambio de favores con el juez César Hinostroza para la contratación de un ciudadano Brian Rojas en el JNE.
Denuncia Constitucional 478, presentada por la congresista Patricia Chirinos contra el ex fiscal supremo titular, Pablo Sánchez Velarde. En este caso el informe de calificación declaró procedente la denuncia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia. Sin embargo, declaró improcedente la denuncia por presunta infracción del artículo 139 de la Constitución.
La denuncia tiene que ver con una presunta interferencia de Sánchez en una diligencia realizada el 2018 en la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL), tras la difusión de los denominados CNM Audios que derivó en la investigación del caso Los Cuellos Blancos.
Denuncia de Tomás Gálvez
Posteriormente, la Comisión Permanente aprobó otorgar un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente el informe final de la Denuncia Constitucional 415, en el extremo que declara procedente admitir a trámite la denuncia interpuesta por el fiscal Tomás Gálvez Villegas, en su condición de persona directamente agraviada, contra Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, María Zavala, Imelda Tumialán, Humberto De La Haza y Guillermo Thornberry, exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Dicho extremo está referido a la presunta infracción del artículo 51 de la Constitución, concordante con los artículos 138 y 139 inciso 3 de la Carta Magna, al cumplir con los criterios de formalidad y procedibilidad. En tanto, se declara improcedente el extremo en donde se les acusa de los presuntos delitos de abuso de autoridad y discriminación.
(FIN) RMCH/JCC
JRA
Publicado: 9/7/2025