La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice las investigaciones y presente su informe final respecto a tres denuncias constitucionales declaradas procedentes y cinco declaradas procedentes en un extremo
La decisión se adoptó en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso respecto al procedimiento de acusación constitucional
Por 21 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, se otorgó el referido plazo a la subcomisión para investigar y presentar informe sobre la Denuncia Constitucional 110 (antes 463), interpuesta por el excongresista César Gonzales, contra el exfiscal de la nación Pablo Sánchez Velarde, por la presunta infracción a los artículos 93, 158, 159 y 201 de la Constitución y como presunto autor del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal
En tanto, 21 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, se otorgó el mismo plazo para investigar y presentar informe de la Denuncia Constitucional 347 interpuesta por la congresista Patricia Chirinos, contra el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por la supuesta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución y la presunta comisión de los delitos de grave perturbación de la tranquilidad pública, apología y conspiración para una rebelión, sedición o motín, tipificados y sancionados en los artículos 315-A, 316 y 349 del Código Penal
Posteriormente, por 15 votos a favor, siete en contra y una abstención, otorgó el referido plazo para investigar y presentar informe final sobre la Denuncia Constitucional 327, interpuesta por el ciudadano Martín Parra, contra Pedro Castillo, en su condición de expresidente, y Alfonso Chávarry, en su condición de exministro del Interior, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y falsedad genérica, tipificados en los artículos 376 y 438 del Código Penal, en agravio del Estado.
Extremo
En otro momento, la Comisión Permanente otorgó hasta 15 días hábiles para que la subcomisión investigue y presente informe final sobre cinco denuncias constitucionales declaradas procedente en un extremo.
Por 22 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones se acordó ese plazo respecto a la Denuncia Constitucional 381, interpuesta por la congresista Patricia Chirinos, contra Imelda Tumialan, expresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); Aldo Vásquez, exvicepresidente de la JNJ, y los exmiembros de dicho organismo, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry, e; Inés Tello.
El extremo declarado procedente es por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal (artículo 385 del Código Procesal Penal); y la comisión de presuntas infracciones constitucionales de los artículos 38, 39 y 43 de la Constitución Política.
El extremo declarado improcedente pasó al archivo.
Además, por 21 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones se dio el mismo plazo a la subcomisión para que se aboque a la Denuncia Constitucional 386, interpuesta por la congresista Patricia Chirinos, contra Imelda Tumialan, expresidenta de la Junta Nacional de Justicia; y los exmiembros de la JNJ, Antonio de la Haza, y María Zavala.
El extremo declarado procedente es por infracción a los artículos 38, 39 y 43 de la Constitución Política del Perú, y la presunta comisión de los ilícitos penales de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y tráfico de influencias, tipificados y sancionados en los artículos 376, 385 y 400 del Código Penal.
De otro lado, por 22 votos a favor, cero en contra y una abstención, se otorgó el plazo de hasta 15 días hábiles para que investigue y presente informe sobre la Denuncia Constitucional 528, denuncia constitucional interpuesta por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, contra el exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena, y contra Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza, en su condición de fiscales Supremos.
El extremo declarado procedente es por la posible infracción a los numerales 1 y 4 del artículo 159, y los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución y como presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal y falsedad genérica previsto en el artículo 438 del Código Penal y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal.
El extremo declarado improcedente pasó al archivo.
De otro lado, por 22 votos a favor, se dio el mismo plazo a la subcomisión para que se aboque a las denuncias constitucionales 460, 462 y 463 (acumuladas) interpuestas por los congresistas Elías Varas, Margot Palacios, Juan Burgos, Bernardo Quito, contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Se refiere a los extremos referidos a la presunta infracción a los artículos 2 (inciso 2), 38, 39 y 126 de la Constitución; y la posible comisión de los delitos de colusión, peculado de uso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias, ilícitos penales previstos y sancionados en los artículos 384, 388, 399 y 400 del Código Penal.
El extremo declarado improcedente pasó al archivo.
Finalmente, por 21 votos favor, uno en contra y una abstención, la Comisión Permanente otorgó a la subcomisión el plazo respectivo para que investigue y presente su informe final sobre la Denuncia Constitucional 440, interpuesta por el congresista Luis Cordero Jon Tay, contra el exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena, por la presunta infracción constitucional del artículo 139, numeral 3 y el artículo 159, numeral 1 y 4 de la Constitución.
El extremo declarado improcedente pasó al archivo.
(FIN) NDP/JCC
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Publicado: 23/5/2025